FOMENTO SE TOPA CON LOS OKUPAS

Cada día resulta más evidente la necesidad de acometer una reforma legal que sancione con mayores penas las okupaciones de propiedades inmobiliarias y que agilice los desalojos de los okupas invasores. Pero ante la pasividad de nuestros políticos para encarar el problema y la timidez y falta de medios de nuestros jueces para aplicar eficazmente las leyes en vigor, resulta evidente que la toma de conciencia de nuestra clase política, respecto del problema de la okupaciòn solo se producirá cuando, al igual que ha sucedido con la inmigración ilegal y el discurso populista del “papeles para todos”, este les explote en sus mismas narices. Algo parece que está empezando a suceder; si bien todavía no ha alcanzado el nivel suficiente para que nuestros políticos decidan pasar a la acción y comiencen a poner en su sitio a los okupas.

El problema de la okupaciòn, que lleva camino de convertirse en nuevo deporte nacional, está afectando cada día más, no solo al indefenso ciudadano de a pié, sino también, y de forma cada vez más directa, a las distintas administraciones públicas.

Son bien conocidas las okupaciones de viviendas de protección oficial, que tienen lugar, tanto cuando estas después de terminadas están a la espera del trámite de adjudicación al beneficiario, como, cuando por cualquier otra causa resultan desocupadas por un tiempo. Y ello, con el consiguiente coste para las administraciones; y en consecuencia, para todos los contribuyentes, bien a través de la contratación de servicios de seguridad privados o bien mediante el empleo de los medios necesarios para lograr el desalojo. Todo ello sin contar con los costes de reparación de desperfectos en las viviendas, que normalmente nunca paga el okupa insolvente, o con la injusta privación del derecho del beneficiario adjudicatario, durante el tiempo que dura la okupación.

Pero no solo las viviendas de protección oficial sufren los ataques okupas.También puede ocurrir con cualquier otro edificio que provisionalmente resulte desocupado y cuyo destino final se encuentre pendiente de cualquier decisión administrativa o judicial.

Esto último lo saben bien el Ministro de Fomento y el alcalde del pueblo coruñes de Oleiros, según la noticia que publica el diario digital “laoponioncoruña.es”

Según dicho diario, el Ministerio de Fomento aprobó una actuación de ampliación y mejora de la seguridad vial en la carretera N-IV a su paso por el Municipio de Oleiros, consistente en duplicar el número de carriles y construir varias rotondas.

Con tal motivo procedió a la expropiación de 72 casas, situadas en los bordes de la carretera, cuyo justiprecio fue pagado a sus propietarios procediendo a su desalojo, entre el mes de julio y septiembre de 2009.

Sin embargo el derribo quedó paralizado, debido a que cuatro de las casas estaban protegidas al estar incluidas en el catálogo del Plan General de Ordenación Municipal, por su interés histórico, artístico y arquitectónico.

Para solucionar este escollo legal, el Pleno del Ayuntamiento de Oleiros aprobó inicialmente, en abril de 2009, una modificación puntual del Plan General, para descatalogar las citadas viviendas y eliminar su protección antes de proceder al derribo.

Por su parte, la Consellería de Medio Ambiente, resolvió en julio del mismo año que una de las casas, que tenía protección integral (un grado de protección más elevado) no era necesario que fuera sometida al trámite de evaluación ambiental estratégica. Sin embargo antes de que el Ayuntamiento hubiese resuelto el último trámite de aprobación definitiva, todavía pendiente a día de hoy, que daría vía libre para la ejecución de los derribos, los okupas, que no entienden de complejidades burocracias, entendieron, en cambio, que las casas estaban abandonadas y procedieron, sin más preámbulos ni dilaciones, a instalarse en varias de ellas, haciendo prevalecer su interés particular, sobre el bien común.

Con lo cual, la burocracia, ya de por sí complicada, aún se complicará un poco más. Así el último trámite, previo al necesario derribo de las casas que permita el inicio de los trabajos, ya no será la aprobación definitiva de la descatalogación por el Ayuntamiento de Oleiros, sino el permiso de los okupas instalados en las mismas o, en su defecto la orden judicial de desalojo. Y es que el Ministerio de Fomento se ha topado con el nuevo poder fáctico emergente de los okupas, con el que, de seguir así las cosas, habrá que empezar a contar en el futuro, como un trámite administrativo mas.