jueves, 6 de enero de 2011

TRES SEMANAS DE INFARTO EN OKUPALANDIA ( Parte 2ª )

El día 13, mientras Evo Morales exhortaba a los okupas bolivianos a no okupar en Argentina invitándolos a regresar a Bolivia y prometiendoles terrenos de titularidad pública, se conocía el censo de okupantes, que, finalmente, arrojaba el increible número de 13.333 okupantes, 5866 de los cuales se encotraban presentes y ausentes otros 7467, familiares de los okupantes. Asimismo, del total censado, 6.075 se encontraban docuementados y 7258 carecían de documentación. A su vez, 47 okupas resultaron tener propiedades en la Capital u otros puntos del pais.

Por su parte, el jefe del Gabinete del Gobierno Federal, Anibal Fernandez declaraba que, la toma del Parque Indoamericano no constituye delito alguno, puesto que hasta el momento ningún juez ni fiscal había imputado a ninguno de los okupantes.

La toma del Parque Indoamericano generó un efecto cascada, tomando los okupas un predio privado del club Albariño, en Villa Lugano, un frigorífico abandonado en Bernal (partido de Quilmes), una ex hilandería en González Catán y un edificio que perteneció al Jabón Federal en Villa Madero, ambos en La Matanza okupación esta última rechazada por los vecinos y la Policía, . Igualmente fueron okupados otro predio perteneciente a una empresa de contenedores, ubicada entre las calles Santander y Timoteo Gordillo, a metros de la toma del club Albariño, una cancha de fútbol en Bernal y una fábrica abandonada en el barrio de Barracas. Asimismo, hubo esta noche una advertencia de invadir unos terrenos en el Barrio Piedrabuena, entre las calles Montiel y Zuviría, por lo que la gente estaba alertada y decidió cortar el acceso a ese complejo habitacional.

Como consecuencia de ello se reproducían incidentes con los vecinos opuestos a la okupación del club Albariño en Vila Lugano, que intentaron desalojar a los okupas violentamente, siendo evitado por la Policía Federal que rodeó el predio; en tanto el juez federal Daniel Rafecas ordenaba a la Jefatura de Gabinete Nacional que la Policía realice "un cerco perimetral" en el lugar con el objetivo de evitar enfrentamientos y que , una vez calmada la situación los efectivos deberán hacer un "desalojo pacífico" del predio.

El día 14, ante esta situaciòn, y tras varios días de tirarse los trastos a la cabeza, se anunciò un acuerdo entre el Gobierno Local y Federal, para liberar las propiedades okupadas. Así tras el anuncio de un plan de viviendas financiado por ambos gobiernos, y la advertencia de que quienes participasen en nuevas okupaciones no podrían acceder a ningùn beneficio social, los okupantes del Parque Indoamericano comenzaron a abandonar el lugar aproximadamemente un 80%. Sin embargo aproximadamente un 20% se mantienen en el predio okupado y se niegan a firmar el plan de viviendas, afirmando que no se irán.
( VIDEOS 1 , 2 , 3 )

Para el día 15 la revuelta de los okupas, ya no solo solo se circunscribía a Buenos Aires, sino que se ampliaba a provincias. Un grupo de vecinos que a mediados de noviembre habían okupado ilegalmente un lote perteneciente a la mutual de los empleados municipales, usurpaba al menos 25 terrenos fiscales de la ciudad de Córdoba, ubicados en barrio Marqués de Sobremonte Anexo, comenzando a techar sus viviendas.

Asimismo, en San Juan, 70 familias usurparon 2 terrenos detrás de la Escuela Nicolás Echezarrieta a metros de la plaza de Marquesado.

En Jujuy unos dos mil manifestantes desocupados tomaban un predio de unas 30 hectareas en La Esperanza. E igualmente unas 300 personas realizaban otra usurpación en la localidad de Caimancito.

En Quilmes se abrian otros cuatro focos de okupaciones, que se sumaban al ya existente en el predio del frigorífico de Finexcor, mientras que algunos vecinos de Blas Parera y Laprida, okupaban un terrenos baldío para evitar que fuera okupado por otros de otras zonas.

Mientras tanto, en 816 y el arroyo Las Piedras unos mil okupas esperanban ser censados y una respuesta a sus peticiones de vivienda.

Y no solo eso, en La Matanza, mientras tanto, hubo dos tomas de terreno ; en Bragado un empresario inmobiliario vio parcelado su terreno y en González Catán hubo disturbios entre quienes querían usurpar el terreno y vecinos y policías que se opusieron a la toma. Igualmente se produnjeron intentos en Florenio Varela y Villa Madero.

En Villa Hudson, un grupo menor de personas pretendió tomar tres lotes propiedad de un hombre de origen japonés de 84 años. Esta persona presentó ante la policía la escritura propietaria y los usurpadores, finalmente, desocuparon el lugar.

El último de los intentos por ocupar terrenos ocurrió en un descampado de la zona lindera con Almirante Brown, en el barrio Kilómetro 26, donde la policía actuó de inmediato y evitó la toma.

Por su parte la fundadora y administradora del Comedor Los Piletones, Margarita Barrientos, quien había denunciado públicamente que "el 80 por ciento" de las personas que ocupan el parque Indoamericano desde el martes último "tiene casa" y tomó ese predio alentado por "punteros políticos" con la promesa de recibir "subsidios", sufrió amenazas y su hija fué ingresada en el hospital tras ser agredida a golpes y ladrillazos.

Mientras tanto el Parque Indoamericano resultaba finalmente completamente abandonado por los okupas que aún permanecían en el mismo, mientras que , Alejandro Salvatierra, uno de los líderes de la toma, reconocia que "el 45% de quienes mantenían posesión ilegal de los terrenos fueron especuladores que ya tenían viviendas".

Por último el gobierno nacional y el local de Buenos Aires acordaron la aprobación de un plan conjunto de viviendas, financiado a partes iguales mediante créditos blandos para los beneficiarios.que cumplan entre ortras condiciones la de de haber residido, al menos, dos años en la Ciudad y no haber usurpado predios públicos o privados.

El día 16, mientras los okupas del Club Albariño en Villa Lugano se oponían a ser censados y decididos a resistir un desalojo Policíal, continuaban las okupaciones en provincias. Así en Rosario 20 familias toman un terreno público situado en la avenida de Circunvalación, entre Ayacucho y San Martín.Y en San Martin unos 40 agentes de policía lograron impedir que las 70 familias que permanecieron 12 horas en los terrenos del RIM 22, volvieran a ocupar el lugar; y el jefe de la Policía denunciaba haber detectado a miembros de distintos partidos políticos asesorando a los okupas, muchos de los cuales no eran de la ciudad.

El día 17, tras cinco días del inicio de la okupación del club Albariño en Villa Lugano, y despúes de que los okupas se negasen a cumplir la orden del Juez daniel Rafecas negándose a ser censados y abandonar el predio okupado, aún bajo promesa de que ser ubicados en otras tierras, o de recibir un plan social, los vecinos, que se habían concentrado preocupados por la falta de respuesta oficial a las okupaciones, se enfrentaron a los okupas, que iniciaron la agresión con piedras, palos y cocteles molotov; como consecuencia de lo cual resultaron heridas seis personas. Todo ello, después de que, inexplicablemente, la Policía que rodeaba la zona, por orden del Juez Rafelcas, se ausentase de la misma cuando empezaron los incidentes .

Posteriormente terminaron siendo rechazados por la Guardia de Infantería que junto con la Policía rodeaba el lugar después de que la Policía Federal se abstuviese de intervenir, tras encender cubiertas y arrojar piroctenia . Minutos más tarde, resolvieron cortar Autopista Dellepiane, a la altura de Larrazábal provocando un gran caos de vehículos.

El día 18 el gremio de maquinistas La Fraternidad decidió levantar el paro que mantenía sin servicio la línea San Martín, que une las estaciones ferroviarias Retiro-Pilar, tras llegar a un acuerdo con las autoridades nacionales, una vez que la Policía Federal desalojó la zona operativa del ferrocarril, tomada por okupas.

Entre tanto el Gobierno Porteño pedía al Gobierno Federal que cumpliese la orden judicial del juez Rafecas y procediese al desalojo de los okupas del Club Albariño.

El día 19, ante la falta de respuesta, tras los incidentes del día anteriorr, los vecinos de Villa Lugano, convocaban una nueva marcha contra los okupantes del Club Albariño concentrándose finalmente frente al cordón policial que custodia el Club Albariño, y luego de una deliberación en plenario abierto, adelantaron que hoy presentarán una medida cautelar para que se cumpla la orden de desalojo del predio.

El Presidente de la asociaciòn civil " LosPrincipitos", denunciaba que los okupas de Retiro vendían lotes de terreno por cantidades que ascienden hasta 10.000 pesos, en tanto que vecinos de Villa Lugano organizan una nueva marcha en repudio de la toma en las proximidades del Club Albariñpo, seguida de otro bloqueo de tránsito en la autopista Dellepiane.

Trasciende la orden de la nueva ministra de Seguridad Nilda Garré prohibiendo terminantemente que los agentes que participen en operativos de protestas callejeras lleven armas de fuego de cualquier tipo, incluyendo a las escopetas que disparan postas de goma y a las pistolas lanzagases.

El día 20 la Presidenta de la Nación da un discurso ante los gendarmes que patrullan la ciudad de Buenos Aires en número de 6000, alabó la actuaciòn de estos y criticó a los jueces, a quienes culpó de la inseguridad en el Pais. Paralelamente, dirigiéndose a los okupas se mostraba receptiva con sus peticiones prometiendoles seguir "incluyendo socialmente a quienes aún no se pudo llegar”, pero condenando, al mismo tiempo, su metodología de protesta

Mientras días antes en la Capital Federal, Buenos Aires se había consensuado el desalojo del Parque Indoamericano a cambio de un plan de vivienda, en Quilmes, donde la semana pasada, unas mil familias habian tomado ocho predios ubicados en las localidades de Bernal y Solano, su intendente, aseguraba que no daría órdenes para desalojar a los okupas y que tenía intenciòn de comprar esas tierras okupadas a los propietarios privados, para luego vendérselas a los okupas.

Por otra parte, finalmente a regañadientes, los vecinos que protestaban contra la okupaciòn del club Albariño, en Villa Lugano, acordaron acceder a la "tregua" solicitada por la recién nombrada Ministra de Seguridad , Nilda Garré, para resolver la okupaciòn: ;Entretanto, los okupas segúian introduciendo materiales a través del cerco policial para consolidar las construcciones ilegales en el predio okupado; lo que,a su vez, era visto con creciente preocupaciòn por los vecinos.

Por su parte, por enésima vez, la Ministra Nilda Garré se enzarzaba dialécticamente con el Jefe del Gobieno Porteño (de la Ciudad de Buenos Aires) Mauricio Macri, que exigía el inmediato desalojo, en cumplimiento de la ley, apelando a que el cumplimiento de la Ley, pasaba por el respeto a los Derechos Humanos.

Entre tanto el casero de los terrenos okupados, cuya vivienda se encontraba en los mismos, clamaba por el pronto desalojo de los okupas, para acabar con el cautiverio al que lo habían sometido, al haberle tapiado la puerta los okupas y temer que de salir su vivienda tambien fuese okupada y el y su familia agredidos.

Ese mismo día representantes de la fiscalía y de la municipalidad de El Marqués anexo, se reunian con representantes de un numeroso grupo de okupas que desde el 5 de noviembre invadido y se mantenían, okupándolo,. en un terreno municipal originalmente destinado a los integrantes de una mutual de ahorro municipal, con el objetivo de que se desarrollara un plan de viviendas; proyecto truncado años atrás al quebrar la empresa constructora. La reunión tenía como fin lograr el desalojo pacífico a cambio de la promesa de adjudicación de futuras viviendas a los okupas, a constuir por el municipio.

Mientras tanto en provincias continuaba el goteo de okupaciones. Y así en San Agustín ( Mendoza ) unas 30 familias se okupaban un nuevo predio ubicado en el Circuito Papagallos, frente al barrio Nueva Esperanza, del complejo La Favorita.

Igualmente, en Jujuy, en la localidad de Calilegua, unas trescientas personas, en su mayoría empleados muncipales, invadieron dos terrenos utilizados para la práctica del futbol por los vecinos.

El día 21 el Juez Federal Daniel Rafecas, por primera vez, ordenaba la detenciòn de dos personas identificadas como promotores de la okupación del Club Albariño en Villa Lugano.

Ese mismo día cuatro agentes de la gendarmería nacional que custodiaban un predio en Villa Diamante, que el pasado año había sido objeto de una okupacion ilegal evitada por vecinos, fueron agredidos con disparos de armas de fuego, resultando heridos, de diversa consideración, por tal motivo.

Por su parte el presidente del club deportivo Argentinos Juniors, Luis Segura, denunció tener "el club rodeado" , al haber sido utilizado por los okupas, el muro perimetral levantado en torno al club deportivo para protegerse de las okupaciones, como pared medianera para construir adosadas al mismo sus viviendas ilegales en los terrenos contiguos que okupaban.

El día 22 se producía un nuevo cruce de acusaciones entre la flamante Ministra de Seguridad Nilda Garré, y el Jefe del Gobierno Porteño, Mauricio Macri. Y mientras la primera acusaba al segundo de ser el instigador de las okupaciones y de negarse a colaborar para resolver el conflicto de los okupas, este último acusaba a la Ministra y al Gobierno Federal de haber roto el pacto conjunto alcanzado pocos días antes para facilitar el desalojo pacífico del Parque Indoamericano en Villa Soldati y afirmaba no estar dispuesto a "convalidar las tomas impulsadas por punteros y por mafias mediante el pago de subsidios "

Entre tanto, se anunciaba la detención de Guillermo Ramón Ferreira, uno de los líderes de la toma del Club Albariño en Villa Lugano.

El día 23 en ausencia de nuevas noticias sobre okupaciones, El juez Roberto Gallardo confirmaba haber comenzado a investigar supuestos vínculos entre funcionarios de segundas líneas del Gobierno de la Ciudad y los organizadores de las tomas de tierras en el sur de la Capital Federal.

Sin embargo la calma chicha que había presidido todo el día se rompia al estallar un violento incidente aunque no tenía nada que ver con los okupas, sino, mas bien, con la situación de caos y desgobieno que se mastica en Buenos Aires, donde parece estar dirimiéndose una dura batalla política y preelectoral, entre el Gobierno de la Ciudad y el Gobierno Federal, ambos controlados por miembros de partidos opositores. Así tras un corte de 7 horas en las vías, provocado por una protesta de ferroviarios que cortaron las vías de la línea Roca en Avellaneda, sobre las seis de la tarde, los pasajeros afectados iniciaron una trifulca generalizada, que, se extendió durante casi tres horas y dejó un resultado de por lo menos 28 personas heridas: 16 civiles, uno de ellos, de gravedad, y 12 policías, de los cuales nueve fueron hospitalizados. La Policía Federal actuó, según la nueva disposición del Gobierno, sin armas de fuego. Por momentos se vio desbordada por los ataques con piedras y palos pero, finalmente, cerca de las 21 había logrado controlar la situación.

El día 24, se informaba de la detenciòn de Reinaldo Silvero González , imputado como otro de los identificados como organizadores de la toma del club Albariño en Villa Lugano .

Mientras tanto, ante la falta de respuesta oficial para desalojar a los ocupantes ilegales que permanencen desde hace diez días en el predio del club Albariño y en un terreno privado perteneciente a la empresa de contenedores Conteman, vecinos de Villa Lugano, interrumpen nuevamente el tráfico de la autopista Dellepiane, cortando la misma a la altura de la Avenida Escalada. Asimismo anuncian que repetirán este tipo de medidas hasta que los ocupantes ilegales no abandonen el predio del club Albariño.

Ante la ola de okupaciones, en algunos municipios, deciden adoptar medidas para impedir o dificultar las okupaciones. Así en el municipio de Pilar, a 50 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, el intendente decidió poner en marcha un plan de prevención de ocupación de tierras, cuya principal medida consiste en inaugurar una plaza cada treinta días (durante los próximos nueve meses) en espacios que podrían ser susceptibles de ser tomados; estableciendo además una línea telefónica gratuita para que los vecinos puedan denunciar las usurpaciones de forma inmediata.

El día 25, como correspondía, fué un día de paz y felicidad.

El día 26 volvían las acusaciones, en este caso, por parte de representantes del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires hacia el Gobierno Federal, al acusar al Ejecutivo Nacional de "no tener voluntad" ni "decisión de impedir situaciones" como las que derivaron en las ocupaciones de predios y en los incidentes en la estación de trenes de Constitución, y afirmando, contra lo solicitado días antes por la Ministra de Seguridad Nilda Garré, que "el gobierno de la Ciudad no pagaría un subsidio a los okupas del club Albariño" para solucionar el problema; Especialmente tras haber transcurido tan solo, "una semana después de haber acordado que no se les iba a pagar nada a los que usurpen un espacio público".

Mientras tanto ante la amenaza latente de desalojo por la Policìa, los cerca de 1000 okupas que permanecían desde el martes 14 en el predio del Ferrocarril San Martín, en el Retiro comenzaban a construir sus viviendas, para dificultar el desalojo.

Por otra parte, ante el crecinte rumor de una posible e inminente okupaciòn del Rosedal, en el Barrio de Palermo, por parte de personas de la Villa 31 de Retiro el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso que la policía Metropolitana custodiaran los alrededores de los Bosques de Palermo

El día 27 uno de los okupas, de nacionalidad paraguaya murió electrocutado al intentar colgarse del alumbrado público en un predio, que junto a otros inmigrantes, ocupaba al costado de la Estación de Ferrocarriles, en el barrio porteño de Retiro.

Entretanto prosigue la okupación Club Albariño, que cumplíe ya 15 días, donde unas 130 familias ocupan el terreno mientras, en las inmediaciones, unos 200 policías federales vigilan el barrio y permanecen apostados en las calles cercanas para anticiparse a cualquier enfrentamiento entre los vecinos del barrio y los ocupantes de la cancha de fútbol.

Por otra parte en la municipalidad de Córdoba La fiscal de Distrito 3, Turno 3, Eve Flores, dejó sin efecto hasta febrero, una vez pasadas las vacaciones judiciales, la orden de desalojo que ella misma había fijado para el día de ayer, de los terrenos municipales de cinco hectareas, usurpados en barrio Marqués de Sobremonte Anexo, con la finalidad de facilitar negociación entre los ocupantes y la Municipalidad de Córdoba.

Por último una vez más volvieron a reproducirse las acusaciones políticas, en éste caso entre miembros del gobierno federal argentino y el ex- presidente Duhalde, al acusar los primeros a éste de querer "generar caos" en el país vinculándole con los violentos incidentes ocurridos el jueves en una de las principales estaciones de trenes de Buenos Aires. Por su parte Duhalde rechazó las acusaciones lamentando "la agresión permanente" del Gobierno, a quien reclamó que cumpla con "la obligación constitucional de hacer respetar la propiedad pública y privada".

Por último, y como preludio del día de los inocentes, una Comisaría era asaltada por un grupo de delincuentes armados, quienes reduciendo a tres de los policías desarmados que se encontraban en la misma, lograron liberar once detenidos que custodiaban. Hecho que aunque nada tiene que ver con las okupaciones, pone de manifiesto, una vez más, el clima de delincuencia, y el nivel de impunidad alcanzado por la misma, paralelo al deterioro de la convivencia provocado por la incompetencia y la corrupciòn política y judicial para mantener la paz social, y la seguridad ciudadana.

El día 28, finalmente el predio del club Albariño, logró ser recuperado sin resistencia, horas después de que el juez federal Daniel Rafecas ordenara la detención de 14 sospechosos de haber sido los organizadores de la toma del club, a quienes acusó de usurpaciòn y asociaciòn ilícita, quedando las instalaciones liberadas vigiladas por personal de la Policìa Federal. En relación con esta usurpaciòn la hipótesis del juez Daniel Rafecas y sus colaboradores es que los usurpadores del club Albariño forman parte de un grupo organizado, integrado por personas con antecedentes penales, dedicado a usurpar para después vender terrenos cercanos a Ciudad Oculta.

Sin embargo siguiendo el lema okupa de un desalojo otra okupación, el empresario Rubén López denunciaba que el predio de dos hectáreas que había comprado hacía dos meses, situado a menos de 200 metros del terreno desocupado del Club Albariño, y que ya se encontraba okupado por 30 familias desde el día siguiente a la toma del Club Albariño, había incrementado el número de okupas con otras 70 familias procedentes, al parecer, del desalojado del Club Albariño.

Asimismo en Quilmes, dura ya 15 días la okupación de ocho predios, en los que, según cálculos munipales se asientan alrededor de 2600 familias, equivalentes a unas 10.000 personas; quienes han comenzado a construir viviendas precarias y a tomar la luz de los postes del tendido eléctrico, contando con unas condiciones higiénico santarias son muy deficientes.

Por su parte, La jueza en lo Contencioso Administrativo, Elena Liberatori, declaraba que, a su entender, “no hubo usurpación ni delito” en la ocupación ilegal del Parque Indoamericano, en Villa Soldati, por tratarse de un predio de dominio público. Por ello señaló que "nunca" estuvo de acuerdo con la orden de un desalojo violento y sostuvo que "los hechos de Soldati deben ser encarados desde los derechos sociales".

Mientras tanto, tambien se iban resolviendo, aunque parcialmente, algunas de las okupaciones de provincias Así, en Andresito, negociadores del Gobierno provincial lograron anoche que 80 familias desocupen el predio tomado, tras la promesa de realizar un censo y dar tierras a quienes lo necesiten. A pesar de ello, unas 30 familias personas permanecen aún okupándolo, quienes, según el intendente Bruno Beck "son justamente aquellas que lucran con esto y tienen donde vivir”.

Asimismo, en la ciudad de Córdoba, luego que la fiscal Eve Flores ordenara el desalojo del precio okupado en el barrio Marques anexo, mediante negociaciòn con los okupas se consiguió el desalojo pacífico , tras un acuerdo por el que a algunos de los okupas se les venderán los terrenos usurpados y a otros se los reubicará en loteos que la comuna tiene en distintas zonas de la ciudad . No obstante, el intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Giacomino declaró a la Cadena 3, que debió sentarse a negociar con los okupas de barrio Marqués Anexo porque le faltó la "herramienta" de la Justicia para operar más rápido y la ocupación ya estaba avanzada; añadiendo que "no es bueno estar corriendo por detrás de las ocupaciones, pero cuando la ocupación está hay dos opciones: o los palos o nos sentamos a negociar".

No obstante el acuerdo, la fiscal del Turno 3, Distrito 3, Eve Flores, había solicitado al juez Luis Nassiz que ordenara desalojar a unas 40 familias que habían usurpado esos terrenos y que no habían participado de la mesa de negociación entre los okupas y la comuna.
Cerca de las 20.30, cuando la lnfantería controlaba el desalojo y varias familias habían comenzado a abandonar sus viviendas sin disturbios, un grupo de jóvenes vecinos del sector empezó a arrojar piedras contra los efectivos policiales, quienes repelieron la agresión con balas de gomas, terminando por dispersar a los agresores y concluir el desalojo.
El día 29 el presidente del club Argentinos Juniors declaraba que el predio del club okupado, había sido desalojado, pero que la zona de veredas y espacios cercanos al club seguía prácticamene igual y en pésimas condiciones higiénicas.

Por su parte el Jefe del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, anunciaba el "megaplan" de viviendas para sectores con menos recursos, al que se había comprometido en el acuerdo con el Gobierno Federal como vía para lograr el desalojo del Parque Indoamericano en Villa Soldati y tratar de evitar con ello nuevas okupaciones.

Por otro lado, en una entrada y registro realizada en un local nocturno de baile regentado por uno de los detenidos, Guillermo Ferreira y ordenada por el juez Daniel Rafecas dentro de la investigaciòn abierta por la okupaciòn del Club Albariño en Villa Lugano, fueron hallados, al parecer, nuevos elementos de prueba sobre el presunto funcionamiento de una mafia dedicada a la ocupación de terrenos para su venta ilegal, confirmando la hipótesis en la que venía trabajando el juez.

Por otro lado, en Andresito, tras el acuerdo con un grupo de okupas que permitieron ser censados, para no desalojar el predio okupado hasta el 15 de febrero, en que serán trasladados a otros terrenos, se rompió la negociación con un grupo de unos 150 okupas que se negaron a desalojar y que según el intendente, Bruno Beck, sosn precisamente quienes ya poseen tierras.
El lote ocupado peprtenece a la familia Markiewicz- Jones y la jueza María Teresa Ramos de Eldorado, tiene en sus manos la solicitud de desalojo, que todavía no se había hecho efectivo por esperando el resultdo de las negociaciones abiertas.
El día 30 un okupa de 30 años de nacinalidad paraguaya, resultaba muerto de un balazo en el cuello, tras una disputa entre vecinos okupas, originada por la división de terrenos del predio tomado, lindante con las vías del ferrocarril San Martín y la Villa 31, mientras otro de nacionalidad argentina resultaba herido. Según informaciones posteriores, el hecho fué motivado porque uno de los okupas tomó 20 centímetros más de tierra de lo que se habían repartido cada ocupante ilegal del terreno pegado al Ferrocarril, en Retiro y el damnificado fue a reclamarle, sacando un arma y disparándole a los piés para asustarle. Lejos de conseguirlo, el agredido se retiró pero volviò con un revolver disparándole cinco tiros que, finalmente le provocaron la muerte.

Entre tanto, en Quilmes oeste, El Defensor del Pueblo, José Estevao, intercedió ante la justicia para que restituyan un predio okupado, perteneciente a una ONG evangélica que desarrollaba allí actividades deportivas, al tiempo que denunciaba que, entre los propios ocupantes se han registrado enfrentamientos a tiros entre integrantes del barrio Papelero y el barrio La Azotea. Igualmente reclamaba la intervención municipal para que cense a los integrantes que hoy están tomando el predio y los contemplen en un plan de viviendas que el municipio garantice.

Por otra parte, se conoció que el Fiscal de Instrucción Nº 2 Ezequiel Walter, acompañado por un policía, estuvo ayer en los terrenos del ex Ferrocarril Gral. Belgrano, okupados desde hace quince dias, donde en un diálogo cordial con la gente que está ocupando el predio les intimó, verbalmente a que desalojen el lugar en un plazo de 72 horas; a pesar de lo cual, los okupas adelantaron que no se retirarán.

Mientras tanto, en Andresito, tras el desalojo pacífico de varias familias okupas que admitieron ser censadas a cambio de tierras en otros lugares, permanecen okupando el predio unas 150 familias sin censar que se niegan a marcharse, y mientras se espera la decisión de la Justicia, el intendente Bruno Beck, acusaba a “grupos económicos poderosos que fomentan que las personas se queden”, denunciando que "el 80 por ciento de las familias que permanecen okupando el predio tiene casas y tierras, lo que pasa es que es una cultura que se va generalizando y ellos están muy bien asesorados”.
La Jueza Maria Teresa Ramos, dictó una orden para que se impida a los okupas hacer limpieza, o mejoras en el predio, así como para que quines salgan del lugar no puedan regresar. A tal fin Se reforzó la seguridad y efectivos de Iguazú fueron hacia Andresito, esperando la policía la orden de desalojo.
El día 31, al igual que el día de Navidad, fué un día de relativa paz okupa.

Unicamente, en Andresito, ordenado por la jueza María Teresa Ramos se producía el desalojo de los restantes okupas que no habían desalojado anteriormente de forma voluntaria el predio que okupaban.Si bien, una vez más, siguiendo el tradicional lema okupa " un desalojo otra okupación" el problema se trasladaba a la plaza principal de la ciudad, frente al Ayuntamiento, donde se instalaron los okupas para reclamar que les den un lugar donde vivir.
Lo visto en este apresurado resumen de okupaciones producidas a lo largo del pasado diciembre de 2010 en Buenos Aires y otras ciudades argentinas no es otra cosa que el escenario final producido por la aplicación de unas leyes infumables, una justicia anquilosada, politizada y desbordada por los acontecimientos y una clase política demagógica y corrupta que utiliza las okupaciones como medio más de desgaste del adversario, utilizando para ello un entramado caciquil, trufado de politiquillos populistas y matones barriobajeros.

Todos aquellos que, en nuestro país, ven con cierta complacencia o ingenuidad el fenómeno okupa deberían tomar buena nota de hasta donde pueden llegar sus consecuencias de la mano de una clase política y una justicia, como la argentina a cuyo perfil cada día nos vamos acercando más peligrosamente. Y para quien aún lo dude, aquí, aquí, aquí o aquí, puede ver algunos ejemplos de ello.

NOTA : A quien interese particularmente el tema AQUI puede ver un magnífico artículo de opiniòn sobre los entresijos politicos en que se ha desarrollado esta orgía de okupaciones, que aunque con menor eco y virulencia, aún sigue coleando.

OTRA VEZ LOS OKUPAS Y EL CACHONDEO DE LA JUSTICIA

En varias entradas anteriores ( 1, 2 , 3 ) he abordado esta cuestiòn de los okupas y la Justicia y he llegado a la conclusión que los okupas gozan de algún tipo de bula o protección oficial no escrita, a la luz de hechos que se repiten con semejante impunidad.

¿Se acuerdan de la última huelga general?

¿Se acuerdan de la manifestación ilegal, de okupas que terminó con la okupaciòn de la antigua sede de Banesto en Barcelona?

¿Se acuerdan de los disturbios que desde ese "cuartel general" okupa se planificaron y ejecutaron?

Se acuerdan de los escaparates rotos, del saqueo de tiendas, de los coches de policía incendiados y de los daños en mobiliario urbano valorados en mas de 250.000 Euros ?

¿Se acuerdan de los 13 detenidos, solo por el desalojo del edificio okupado ?

¿Se acuerdan de los heridos, muchos de ellos pertencientes a los Cuerpos de Seguridad?

¿Se acuerdan de los políticos de uno y otro signo culpándose entre si y a la Justicia, A esta culpando a los políticos; y a los Mossos de Escuadra culpando a unos y a otros del desaguisado?

¿Se acuerdan de aquella propuesta de algún político/a de cerrar páginas web que incitasen a la violencia?

¿Se acuerdan de todo ese gurigay?

Bueno, pues si hemos de creer la noticia que publica el diario "El Pais", todas esas "barbaridades", ocurridas tanto en la jornada de huelga, como en días previos, a juzgar por la actuaciòn de fiscalía, jueces y Mossos de Escuadra, parecen haber sido meras lucubraciones periodísticas para vender papel, en lugar de hechos con trascendencia penal.

Y ahora que ya todo se ha olvidado ¿ quieren saber quien va a pagar los platos rotos de todo ese desaguisado en el que han participado de una u otra forma, okupas, políticos, jueces y Mossos de Escuadra ?

Si usted cree que van a pagarlo los okupas que lo han provocado , se equivoca. Como siempre,"esto lo pagamos entre todos"

En vista de lo visto, cada día parece mas vigente aquella lapidaria frase que acuñara un ilustre alcalde jerezano, allá por los años 80 del pasado siglo : "LA JUSTICIA ES UN CACHONDEO".

Quien tenga dudas que pregunte a los okupas.

lunes, 3 de enero de 2011

TRES SEMANAS DE INFARTO EN OKUPALANDIA

Lo que está ocurriendo en Argentina con las okupaciones, constituye uno de los capítulos finales de una historia en la que el oportunismo,la demagogia,el avestrucismo y la corrupción politicos, se han dado cita con los fundados temores de los ciudadanos que ven como el Derecho de propiedad se disuelve como un azucarillo, ante el malvado dontancredismo buenista de unos políticos divididos y atentos únicamente a sus propios intereses de partido, que van conduciendo al País, paso a paso a una auténtica ruina política, económica y moral. Aunque es muy probable que, a todo ello, hayan contribuido, en algo, los ecos del volatil pensamiento de nuestro ínclito presidente ZP resumido en su ya famosa e internacionalmente conocida cita pronunciada en la reciente cumbre contra el cambio climático de Copenhague: "La tierra no pertenece a nadie, salvo al viento"

En España, aunque aún no hemos llegado aún a esos niveles de alarma, deberíamos tomar buena nota porque, aunque ligeramente retrasados, nos movemos en la misma senda. Esa interminable senda supuestamente samaritana, que transitando desde el "papeles para todos", continua por "Derechos sociales para todos" , donde se incluye "vivienda digna para todos" . Y así sucesivamente, en un carrusel interminable de derechos, ayunos de cualquier tipo de obligación .

Y, por si fuera poco, todo ello "gratis total", como si todos los menesterosos del mundo hubiesen sido elevados, repentinamente, a la categoría de" ministros de un gobierno manirroto.

Por eso no es extraño que ante tan abundanate y promisorio maná, acudan, como moscas a la miel, todos los parias de la tierra, en busca de su tierra prometida, amenazando, con su peso, con hundir las arcas de Noé nacionales, en el crecido mar, como consecuencia de un diluvio de anarquía.

Y como quiera que en los diarios y noticiarios españoles, al margen de las perrerías que sufren nuestras empresas allí instaladas, las noticias de Argentina, pasan bastante desapercibidas ( bastante tenemos con lo nuestro ), ustedes se preguntarán : ¿ Y que pasa en Argentina que pueda afectarnos en España ?

Pues en Argentina, pasa que, sus políticos, han llevado a cabo una insensata política inmigratoria de "papeles para todos" muy semejante a la seguida por España en los últimos años; y que esa política insensata ha sido seguida por otra no menos insensata política de "Derechos sociales para todos", financiada, como no, a cargo de las clases medias, ( entendidas estas en amplio sentido ) desbaratando, a su vez, las expectativas de progreso de los ciudadanos integrantes de las clases mas bajas; quienes, en el mejor de los casos, se ven obligados a competir en condiciones de igualdad, con los recien llegados, por la concesión de subvenciones y servicios sociales; Eso, cuando no resultan incluso preteridos, con base en novedosos principios como los de "integraciòn de la inmigraciòn" , "discriminaciòn postiva" y otros semejantes .

Tan explosiva situación, agravada por la crisis económica mundial y por las contradicciones propias de un Estado Federal como el Argentino, gestionado por una casta política corrupta y con escaso sentido de Estado , que utiliza el patio nacional para sus particulares navajeos electorales, ha llevado , a los recien llegados a tomarse la justicia social por su mano, con "salvoconducto" oficial, según todos los indicios , okupando masiva y premeditadamente terrenos públicos o privados, como forma de chantaje al Estado; quien finalmente termina cediendo y realizando concesiones a los usurpadores, y alimentando con ello una peligrosa espiral de inmigración ilegal-usurpación-obtención de concesiones, a la que no son ajenos los espabilados de turno, al servicio de oscuros intereses que lideran los "Movimientos" por el acceso libre a las tierras o a la vivienda.

En una entrada anterior ya hice referencia a la problemática de las okupaciones en Argentina, que tiene caracter endémico y que se encuentra ampliamente extendida por el País, con especial incidencia en algunas partes del mismo. En esa misma entrada se comentaba, como la organización de los vecinos, ante el abstencionismo político en la defensa del derecho de propiedad inmobiliaria, había frustrado un acto de okupación de tierras.

El fenómeno se ha generalizado y se ha extendido de forma contagiosa, al parecer con algún empujón político, a la capital Federal, Buenos Aires, con gran escándalo de la población autóctona que, ante ese expolio organizado por los "invasores" y consentido por sus representantes políticos, ha comenzado a organizarse, en un ejercicio de legítima defensa, para hacer valer, al margen de los cauces legales, las leyes vigentes sobre propiedad privada que sus gobernantes han decidido ignorar, en aras de sus peculiares intereses. Y curiosamente esos perjudicados que se han "levantado en armas", no han sido los "ricos", según el simplificador concepto progre al uso, sino ciudadanos de a pié de esos que, día a día, se ganan de verdad el pan con el sudor de su frente.

El breve resumen cronológico de los hechos a que me estoy refiriendo y cuyas consecuencias aún colean a día de hoy, a pesar de la tardía reacción polìtica, ante el desmadre, son los siguientes :
 
En el fin de semana comprendido entre los días 3 a 5 de diciembre unas doscientas familias ocuparon veredas, parques y bulevares a lo largo de las 100 hectáreas del Parque Indoamericano de Buenos Aires .

El lunes día 6 de diciembre el apoderado de las Madres de Plaza de Mayo, Sergio Schoklender, denunciaba que "grupos de narcos" quisieron usurpar por la fuerza las viviendas que la asociación construye en un predio frente al parque Indoamericano y pidió la intervención policial.

Al al enterarse de la formación del asentamiento, el Gobierno municipal, que hasta entonces, en la mayoría de las okupaciones, había optado por desalojos voluntarios pactados a cambio de subsidios denunció el caso ante la Justicia. La jueza María Cristina Nazar emitió una orden de desalojo a la Policía Federal, quien en una operación conjunta con la Policía Metropolitana, procedieron a su ejecución inmediata durante la noche de ese mismo día y la madrugada del día 7 . Todo ello, con un saldo de dos okupas muertos por disparos y varios policías y okupas heridos, como consecuencia de la resistencia al desalojo y del violento enfrentamiento con los Cuerpos de Seguridad que lo ejecutaban .

El día 7 Por la mañana, los okupas desalojados se concentraron en la avenida Escalada para reclamar Justicia por los dos muertos que dejó el enfrentamiento entre habitantes de la villa 20 con policías federales, al tiempo que decidían cortar las vías del ferrocarril Belgrano Sur y del Premetro.

Por la tarde, cientos de vecinos de Villa Soldati volvieron a ingresar en el predio del que habían sido desalojadas unas 200 familias anoche y fueron frenados por un cordón de efectivos de la Policía Metropolitana que dividía en dos el Parque Indoamericano de ese barrio porteño, por la calle José Batlle y Ordónez.

Asimismo se celebró una reuniòn entre okupas de Villa Soldati con funcionarios y legisladores con la principal peticiòn por parte de los primeros de que finaliczase la represión policial y se retirasen de la zona los efectivos policiales. Por su parte, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires ofreció proveer de carpas, alimentos y agua a las familias del asentamiento del predio de Parque Indoamericano así como la medida de no innovar; es decir, que la gente pudiera seguir habitando en esos terrenos, en las mismas condiciones actuales, hasta un juez resolviese.

Por su parte , el juez en lo Contencioso Administrativo Andrés Gallardo se reunió con ministros del gabinete porteño y representantes de las personas sin viviendas que permanecen en el parque Indoamericano para hallar una solución al conflicto, para lo que el magistrado resolvió citar al jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, para el próximo día 10. ( Ver noticia )

El día 8, tras las muertes, el Gobierno suspendió a dos oficiales jefes y a tres suboficiales de la Policía Federal que participaron de la represión, aunque mas tarde se acreditaría que los disparos causantes de las muertes no procedian de las armas reglamentarias policiales.

Durante la jornada organizaciones sociales, piqueteras y partidos de izquierda se movilizaron hacia la intersección de las avenidas Cruz y Escalada para repudiar la represión de las policías Federal y Metropolitana contra los vecinos de Villa Soldati.´

A pesar de todo, nuevamente unas mil personas volverían a instalarse en el parque, tras enfrentasrse con la policía que custodiaba el parque, y que finalmente terminó cediendo a los asaltantes.

Al mismo tiempo, el asunto comenzaba a enmarañarse judicialmente. El Juez Roberto Gallardo, titular del Juzgado de lo Contencioso administrativo y Tributario nº 2, de Turno ese día, ordenó frenar otro intento de desalojo acordando que la Gendarmería realizara un cerco perimetral; pero el gobierno nacional, finalmente desoyó esta solicitud judicial, alegando que se trataba de una orden de cumplimiento imposible. Asimismo el juez ordenó al Gobierno de la Ciudad que, de forma inmediata, garantizase a los okupas el suministro de agua potable y asistencia sanitaria , que relizase un censo de los okupantes y se abstuviese de realizar ningún acto que implicase la modificación de la situación fáctica actual en el predio Parque Indoamericano y de realizar desalojos en el citado lugar hasta tanto el tribunal diese por finalizada la mesa de dialogo y negociación.

El día 9, mientras se discutían y repartían las responsabilidades entre el gobierno federal y el Gobierno local de Buenos Aires, el predio desalojado volvió a ser okupado. A partir de las 10,30 horas, aprovechando que no había ningún efectivo de la policía Federal y apenas seis de la Metropolitana, unas doscientas cincuenta familias lo okuparon nuevamente, comenzando a parcelar y repartirse el terreno por lotes, para acto seguido iniciar la construcción de chabolas de chapa y cartón.

Tras ello y con total ausencia de la Policía Federal, unos cien agentes de la Metropolitana se desplegaron en uno de los costados del Parque sin evitar la okupaciòn.

Por eso, funcionarios del Gobierno de la ciudad se reunieron a las 17,00 horas con representantes de los ocupantes, algunos legisladores porteños y diputados nacionales, en la sede de la Unidad de Gestión de Intervención Social, situada frente al Parque Indoamericano. Allí los ocupantes reclamaron que no hubiera más represión, que se anulara la orden de desalojo y que les dieran asistencia alimentaria y médica, y aseguraron que se negaban a abandonar el predio okupado. El Gobierno, en tanto, les respondió que debían liberar la mayor parte del predio, agruparse en un sector más pequeño y aceptar ser censados, para luego darles agua, comida, baños químicos y asistencia sanitaria, y empezar a buscar una solución. Los ocupantes no aceptaban en principio el censo porque no querían que otros intrusos se aprovecharan para meterse en el parque en busca de beneficios.

Entre tanto los vecinos de villas próximas, que habían empezado a organizarse, hartos de la situación y conocedores de las soluciones, siempre favorables a los okupas con que habían concluido otras okupaciones, procedieron a desalojar, por su cuenta a los okupas, con palos, piedras, e incluso con armas blancas y de fuego; como consecuencia de lo cual, aparte de numerosos heridos, resultó muerto uno de los okupas, de origen boliviano.

Mientras los okupas del Parque Indoamericano se enfrentaban a pedradas con vecinos de Villa Soldati, un grupo de personas tomó el control de un complejo habitacional que se encuentra en Saraza y Escalada, a escasos metros de donde se había realizado la primera usurpación. Se trataba de edificios nuevos, que habían sido construidos por el Instituto de la Vivienda de la Ciudad, y que estaban listos para ser entregados.

Nuevamente los hechos terminaron en un cruce de acusaciones políticas entre las organizaciones de izquierda extraparlamentaria, en favor de los okupas y en contra del alcalde que había promovido el desalojo; el alcalde, jefe del Gobierno porteño ( de la Ciudad de Buenos Aires ), Mauricio Macri quien atribuyó el conflicto a la inmigración descontrolada y a la retirada de la Policía Federal tras el desalojo, reclamando nuevamente la intervención de la Policía Federal ( competente para la intervenciòn en este tipo de disturbios ); y los responsables del Gobierno Federal, quienes, a su vez, le acusaban de xenófobo; de no haber vigilado y evitado la nueva entrada tras el desalojo, negándose a enviar a la Policía Federal, alegando la Presidenta, que la seguridad de la ciudad era responsabilidad del gobierno municipal y que era necesario agotar todas las instancias para evitar la violencia; al tiempo que anunciaba la creación de un Ministerio de Seguridad separado del de Justicia.

El problema de competencias Local y Federal en el ámbito político se reproducía en el ámbito judicial, donde la jueza contravencional María Cristina Nazar, quien había ordenado a la Policía Federal el primer desalojo , por tratarse de una competencia de la jurisdicción porteña ( de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ), no se había pronunciado, aún sobre si aceptaba o no el expediente que le pasaron del fuero Contencioso Administrativo de la Ciudad tras el rechazo de la jueza Lidia Lago, que se declaró incompetente; en tanto que los homicidios producidos durante el mismo , fueron encomendados a la Jurisdicciòn Federal, por considerarse de su competencia . Las cosas resultaban aún mas complicadas en cuanto se suscitaban dudas sobre si las armas de fuego causantes de las muertes pertenecían a los policías que habían intervenido en el desalojo, o a particulares. Todo lo cual venía a sumarse a las ya mencionadas actuaciones del Juez Gallardo de lo Contencioso administrativo a quien correspondía resolver y adoptar por turno las decisiones judiciales tras el primer desalojo, y cuyas medidas aún no habían sido derogadas.

El día 10, en un estado de y confusión y caos político, los vecinos de las Villa Soldati y Lugano, situadas en los alrededores de las 130 hectáreas del okupado Parque Indoamericano, convocaron una cacerolada y una nueva marcha hacia el Parque , cuyo control se disputaban nada menos que 6 organizaciones : Un grupo de peruanos, ubicados en Villa 20, que pretendían ampliar su negocio, y que tendría vinculaciones con el narcotráfico; un grupo de bolivianos, afín al tráfico de personas; los vecinos de Los Piletones, área de acción de Madres de Plaza de Mayo, en conflicto con algunos de los otros grupos y que, a su vez, sentian amenazados sus proyectos habitacionales; los vecinos de Villa Lugano, donde algunos proyectos habitacionales en ejecución sufrieron un intento de copamiento de parte de los okupas, pero los defendieron con sus armas; los vecinos de Villa Soldati, que no está dispuesta a permitir la ocupación del espacio público por las consecuencias que tiene para ellos; y 7 las organizaciones de izquierda, que buscaban alcanzar sus propios objetivos políticos. Todo ello provocaba, a su vez conflictos internos entre los intengrantes de estos grupos okupas.
 
El día 11, sin acuerdo político sobre la solución definitiva al problema de la okupación del Parque, y tras dos reuniones en la Casa Rosada en las que participaron funcionarios nacionales, del gobierno porteño y delegados de organizaciones sociales en representación de los ocupantes del predio en Villa Soldati, el Gobierno Federal, a instancias de los rerpresentantes de los okupas, reaccionó y envió envió 1200 policías, para establecer un cordón, junto con la policía local, a fin de, realizar un censo de okupantes, controlar la entrada y salida del parque , al tiempo que anunciaba el envio de agua, alimentos y más baños químicos para atender la emergencia.

Asimismo el Alcalde de Buenos Aires solicitó a los vecinos de Villa Lugano y Villa Soldati, que organizaban una marcha para las 18.30 en contra del asentamiento, que no se movilizaran ni dieran lugar a nuevos hechos de violencia. A pesar de ello, la marcha se produjo, pero el grupo de no más de 300 vecinos no se acercó al cordón de seguridad.

Minutos antes, del otro lado del parque, se había realizado sin incidentes el velatorio de Juan Castañeda Quispe, una de las víctimas de los enfrentamientos.

En cambio, un grupo de manifestantes de partidos políticos de izquierda y sindicatos que apoyaban la toma del predio chocó con hombres de infantería de la Policía Federal, provocando el único incidente de la jornada.
 
El día 12 la jueza titular del juzgado en los Contencioso Administrativo y Tributario Nº 4 de la ciudad Elena Liberatori recorrió el predio del Parque Indoamericano,declarando que la situación que se vive en Soldati "no es una ocupación de territorio" sino "algo más trascendente: es pedir una vivienda digna". La magistrada dijo buscar "una pronta solución" al conflicto habitacional y que sea "la mejor de todas". Al analizar el origen de la toma, estimó que "a veces los métodos son los que salen" y reconoció que "todo lo que sucedió tiene que ver con las tremendas necesidades" de los ocupantes. La jueza visitó el lugar "para comprobar que el operativo de pacificación está marchando" y, en ese sentido, aseguró que "está marchando muy bien", aunque lamentó que "las respuestas se susciten a partir de hechos tan lamentables como son las muertes de personas".

Ése mismo día un grupo de vecinos que protestaban contra la okupación del Parque Indoamericano y las indecisiones políticas y judiciales para su desalojo, cortó la Avenida Dellapiane, junto a su intersección con Escalada, generando un caos de vehículos, y enfrentándose con piedras a los efectivos de Prefectura, que intentaban dispersarlos con gases lacrimógenos.

También ese mismo día comienza a conocerse que uno de los principales líderes de la okupación del Parque Indoamericano, activo participante en la reunión de la Casa Rosada del día anterior es Alejandro Salvatierra, alias "Pitu", delegado de la Villa 15 y militante de una agrupación ultra kirchnerista llamada Tendencia Nacional y Popular, encabezada por el legislador porteño Francisco "Tito" Nenna, uno de los que impulsó el juicio político al alcalde Macri, por escuchas ilegales. Pitu había estado detenido por cometer un delito y recuperó la libertad durante el gobierno de Kirchner, tras una sentida carta dirigida al mismo.

También a lo largo de ese día se desarrollaron a toda prisa los trabajos para conocer el censo definitivo de los okupantes.

CONTINUARA...