¿OKUPAS ANTIESPECULADORES O SIMPLES PROVOCADORES Y REVOLTOSOS ORGANIZADOS?

Cada día está más claro que los okupas, ni son luchadores contra la especulación urbanística ni les importa un higo el derecho a la vivienda digna. Estas no son más que algunas de las toscas coartadas que esgrimen para encubrir su verdadera y vergonzante patología social: El infantilismo que supone no respetar las leyes ni las decisiones judiciales que contraríen su propia y sacrosanta voluntad.

A los okupas no les basta con no reconocer el derecho de propiedad ajena. Y digo ajena, porque la propia, valga la redundancia, la consideran un derecho aparte y distinto al del común de los mortales. Basta para comprobar esta afirmación ver como se defienden ante el desalojo de los inmuebles que okupan, cuando este es acordado judicialmente. Tanto es así que si Boabdil hubiera dejado la Alhambra en manos de los okupas, tal vez Colón no hubiera descubierto América; España no habría perdido su imperio de ultramar, ni ahora estaríamos preocupados hablando de la Alianza de Civilizaciones o de la reivindicación de Al-Andalus por Ben Laden. Y dicho sea de paso, tal vez esa sea una de las razones por las que, algunos políticos “conservacionistas” se empeñan en preservar a estos especímenes, del peligro de extinción.

Decía que a los okupas no les basta con no reconocer un derecho como el de propiedad, tan antiguo como la propia humanidad, sino que tampoco reconocen aquellas leyes que les incomodan ni, por tanto,las decisiones de los jueces que las aplican. Estos dictadorzuelos “anarcomunistas” que van por la calle con sus grafitis marcando inmuebles deshabitados, en clara imitación del “exprópiese” , “exprópiese” del “democrático” dictador venezolano , no les basta con no respetar la propiedad ajena, sino que crecidos por su impunidad, se ciscan en legisladores, jueces , policías o cualquiera que pretenda contradecir sus ideas o hacer frente a sus ilegales actos.

No es la primera vez , que tras el correspondiente proceso judicial y tras la correspondiente orden de desalojo del inmueble okupado, decretada por un juez, desobedecen dicha orden, resistiendo a los agentes que la ejecutan, amparándose para ello, tanto en el abultado número de okupantes como en el coro de “hinchas” que los jalean desde el exterior y en la amplia red que los protege a todos ellos.

Y no contentos con resistir, in situ, una vez desalojados, tienen por fea costumbre organizar provocadores “pasacalles” más o menos violentos y casi nunca autorizados, para protestar por desalojos realizados con todas las garantías legales y una gran dosis de paciencia por parte de la policía , para evitar males mayores.

En uno de estos “pasacalles” no autorizados, celebrado en Barcelona, el 20 de mayo de 2006 uno de los okupas encapuchados intervinientes en la misma, agredió brutalmente a un agente que en el ejercicio legítimo de su deber intervenía en la disolución de la banda de okupas que, no habituados a pedir permiso para invadir propiedades okupaba, ilegalmente la vía pública, rompiéndole las narices de fuerte golpe.

Tras el juicio celebrado con todas las garantías, el okupa agresor, fue condenado a tres años de cárcel, por delito de atentado.

Una vez más, lejos de acatar o recurrir la sentencia como hace el común de los mortales, algunos miembros de la “tribu okupa” ávidos de notoriedad, y en su afán de provocar y crear ocasiones que les permitan prolongar en el tiempo sus protestas victimistas, han decidido protestar contra la sentencia cortando el tráfico en la vía pública hasta en tres ocasiones, por el momento. La última de ellas utilizando el típico procedimiento okupa, de encadenarse a un bidón lastrado con cemento, interrumpiendo el tráfico durante dos horas, y violando con ello el derecho a la libre circulación de los usuarios de la misma.

A diferencia de las ocasiones anteriores, en esta última ocasión, fueron detenidos los autores directos de dicha acción, por un supuesto delito de desórdenes públicos.

Semejantes actos de interrupción de las vías públicas podrían ser tipificados, bien como un delito contra la Seguridad vial del artículo 385.1 del Código Penal, o como un delito de desórdenes públicos del artículo 557.1; en cuanto el primero sanciona con pena de prisión de seis meses a dos años o multa de doce a 24 meses y trabajos en beneficio de la comunidad de 10 a 40 días al que originare un grave riesgo para la circulación, “colocando en la vía obstáculos imprevisibles ….”, y el segundo sanciona con pena de prisión de seis meses a tres años a los que actuando en grupo y con el fin de atentar contra la paz pública, alteren el orden público….. “obstaculizando las vías públicas o los accesos a las mismas de manera peligrosa para los que por ella circulen…. “

Sin embargo, es más que probable que tales actos queden impunes, rebajados a la categoría de falta administrativa sancionable con multa, de la que unos okupas, probablemente insolventes se reirán una vez más. Y es que los okupas, lejos de ser unos ingenuos románticos constituyen un cínico y organizado movimiento, perfectamente asesorado por agitadores políticos y leguleyos de medio pelo, que han aprendido a moverse, como pez en el agua en los márgenes de la ley y a través de los agujeros de la misma, que los políticos oficiales, por extrañas razónes se niegan a cerrar.

Y entre tanto, ¿quién pagará el despliegue policial y las molestias a los usuarios de la calzada?
Los okupas seguro que no.

Ahora, los okupas, acostumbrados, como niños pequeños, a no pagar por sus actos y a monopolizar el victimismo, junto a la campaña de protestas, de las que los cortes de vías públicas son solo una muestra, que seguramente continuará en el futuro, están movilizando a sus activas huestes para solicitar el indulto del condenado, pretendiendo que la pena ha sido excesiva, que el agresor era poco menos que un santo varón, que solo se defendió de la agresión policial y que el agredido una máquina de reprimir angelitos.

Teniendo en cuenta la impunidad con que habitualmente actúa el movimiento okupa y su sistemática forma de infringir normas administrativas o penales, aprovechando el anonimato del grupo y la utilización de diveros medios y técnicas para evitar las identificaciones, resultaría un sarcasmo hacia los Cuerpos de Seguridad otorgar el indulto, cuando, la agresión ha sido gratuita y no ha habido arrepentimiento alguno ni por el condenado ni por el movimiento okupa que lo defiende, quien, por el contario continúa reivindicando su libertad, una vez más, mediante actos de carácter ilícito.

Una vez más resulta curioso observar como quienes se declaran anarquistas antisistema agotan todos los recursos legales, para librarse de las penas a que son condenados por sus delitos. Y todo ello, sin renunciar a sus ilegales métodos supuestamente reivindicativos, en un continuo uso y abuso de las leyes.