Lo que está ocurriendo en Argentina con las okupaciones, constituye uno de los capítulos finales de una historia en la que el oportunismo,la demagogia,el avestrucismo y la corrupción politicos, se han dado cita con los fundados temores de los ciudadanos que ven como el Derecho de propiedad se disuelve como un azucarillo, ante el malvado dontancredismo buenista de unos políticos divididos y atentos únicamente a sus propios intereses de partido, que van conduciendo al País, paso a paso a una auténtica ruina política, económica y moral. Aunque es muy probable que, a todo ello, hayan contribuido, en algo, los ecos del volatil pensamiento de nuestro ínclito presidente ZP resumido en su ya famosa e internacionalmente conocida cita pronunciada en la reciente cumbre contra el cambio climático de Copenhague: "La tierra no pertenece a nadie, salvo al viento"
En España, aunque aún no hemos llegado aún a esos niveles de alarma, deberíamos tomar buena nota porque, aunque ligeramente retrasados, nos movemos en la misma senda. Esa interminable senda supuestamente samaritana, que transitando desde el "papeles para todos", continua por "Derechos sociales para todos" , donde se incluye "vivienda digna para todos" . Y así sucesivamente, en un carrusel interminable de derechos, ayunos de cualquier tipo de obligación .
Y, por si fuera poco, todo ello "gratis total", como si todos los menesterosos del mundo hubiesen sido elevados, repentinamente, a la categoría de" ministros de un gobierno manirroto.
Por eso no es extraño que ante tan abundanate y promisorio maná, acudan, como moscas a la miel, todos los parias de la tierra, en busca de su tierra prometida, amenazando, con su peso, con hundir las arcas de Noé nacionales, en el crecido mar, como consecuencia de un diluvio de anarquía.
Y como quiera que en los diarios y noticiarios españoles, al margen de las perrerías que sufren nuestras empresas allí instaladas, las noticias de Argentina, pasan bastante desapercibidas ( bastante tenemos con lo nuestro ), ustedes se preguntarán : ¿ Y que pasa en Argentina que pueda afectarnos en España ?
Pues en Argentina, pasa que, sus políticos, han llevado a cabo una insensata política inmigratoria de "papeles para todos" muy semejante a la seguida por España en los últimos años; y que esa política insensata ha sido seguida por otra no menos insensata política de "Derechos sociales para todos", financiada, como no, a cargo de las clases medias, ( entendidas estas en amplio sentido ) desbaratando, a su vez, las expectativas de progreso de los ciudadanos integrantes de las clases mas bajas; quienes, en el mejor de los casos, se ven obligados a competir en condiciones de igualdad, con los recien llegados, por la concesión de subvenciones y servicios sociales; Eso, cuando no resultan incluso preteridos, con base en novedosos principios como los de "integraciòn de la inmigraciòn" , "discriminaciòn postiva" y otros semejantes .
Tan explosiva situación, agravada por la crisis económica mundial y por las contradicciones propias de un Estado Federal como el Argentino, gestionado por una casta política corrupta y con escaso sentido de Estado , que utiliza el patio nacional para sus particulares navajeos electorales, ha llevado , a los recien llegados a tomarse la justicia social por su mano, con "salvoconducto" oficial, según todos los indicios , okupando masiva y premeditadamente terrenos públicos o privados, como forma de chantaje al Estado; quien finalmente termina cediendo y realizando concesiones a los usurpadores, y alimentando con ello una peligrosa espiral de inmigración ilegal-usurpación-obtención de concesiones, a la que no son ajenos los espabilados de turno, al servicio de oscuros intereses que lideran los "Movimientos" por el acceso libre a las tierras o a la vivienda.
En una entrada anterior ya hice referencia a la problemática de las okupaciones en Argentina, que tiene caracter endémico y que se encuentra ampliamente extendida por el País, con especial incidencia en algunas partes del mismo. En esa misma entrada se comentaba, como la organización de los vecinos, ante el abstencionismo político en la defensa del derecho de propiedad inmobiliaria, había frustrado un acto de okupación de tierras.
El fenómeno se ha generalizado y se ha extendido de forma contagiosa, al parecer con algún empujón político, a la capital Federal, Buenos Aires, con gran escándalo de la población autóctona que, ante ese expolio organizado por los "invasores" y consentido por sus representantes políticos, ha comenzado a organizarse, en un ejercicio de legítima defensa, para hacer valer, al margen de los cauces legales, las leyes vigentes sobre propiedad privada que sus gobernantes han decidido ignorar, en aras de sus peculiares intereses. Y curiosamente esos perjudicados que se han "levantado en armas", no han sido los "ricos", según el simplificador concepto progre al uso, sino ciudadanos de a pié de esos que, día a día, se ganan de verdad el pan con el sudor de su frente.
El breve resumen cronológico de los hechos a que me estoy refiriendo y cuyas consecuencias aún colean a día de hoy, a pesar de la tardía reacción polìtica, ante el desmadre, son los siguientes :
En el fin de semana comprendido entre los días 3 a 5 de diciembre unas doscientas familias ocuparon veredas, parques y bulevares a lo largo de las 100 hectáreas del Parque Indoamericano de Buenos Aires .
El lunes día 6 de diciembre el apoderado de las Madres de Plaza de Mayo, Sergio Schoklender, denunciaba que "grupos de narcos" quisieron usurpar por la fuerza las viviendas que la asociación construye en un predio frente al parque Indoamericano y pidió la intervención policial.
Al al enterarse de la formación del asentamiento, el Gobierno municipal, que hasta entonces, en la mayoría de las okupaciones, había optado por desalojos voluntarios pactados a cambio de subsidios denunció el caso ante la Justicia. La jueza María Cristina Nazar emitió una orden de desalojo a la Policía Federal, quien en una operación conjunta con la Policía Metropolitana, procedieron a su ejecución inmediata durante la noche de ese mismo día y la madrugada del día 7 . Todo ello, con un saldo de dos okupas muertos por disparos y varios policías y okupas heridos, como consecuencia de la resistencia al desalojo y del violento enfrentamiento con los Cuerpos de Seguridad que lo ejecutaban .
El día 7 Por la mañana, los okupas desalojados se concentraron en la avenida Escalada para reclamar Justicia por los dos muertos que dejó el enfrentamiento entre habitantes de la villa 20 con policías federales, al tiempo que decidían cortar las vías del ferrocarril Belgrano Sur y del Premetro.
Por la tarde, cientos de vecinos de Villa Soldati volvieron a ingresar en el predio del que habían sido desalojadas unas 200 familias anoche y fueron frenados por un cordón de efectivos de la Policía Metropolitana que dividía en dos el Parque Indoamericano de ese barrio porteño, por la calle José Batlle y Ordónez.
Asimismo se celebró una reuniòn entre okupas de Villa Soldati con funcionarios y legisladores con la principal peticiòn por parte de los primeros de que finaliczase la represión policial y se retirasen de la zona los efectivos policiales. Por su parte, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires ofreció proveer de carpas, alimentos y agua a las familias del asentamiento del predio de Parque Indoamericano así como la medida de no innovar; es decir, que la gente pudiera seguir habitando en esos terrenos, en las mismas condiciones actuales, hasta un juez resolviese.
Por su parte , el juez en lo Contencioso Administrativo Andrés Gallardo se reunió con ministros del gabinete porteño y representantes de las personas sin viviendas que permanecen en el parque Indoamericano para hallar una solución al conflicto, para lo que el magistrado resolvió citar al jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, para el próximo día 10. ( Ver noticia )
El día 8, tras las muertes, el Gobierno suspendió a dos oficiales jefes y a tres suboficiales de la Policía Federal que participaron de la represión, aunque mas tarde se acreditaría que los disparos causantes de las muertes no procedian de las armas reglamentarias policiales.
Durante la jornada organizaciones sociales, piqueteras y partidos de izquierda se movilizaron hacia la intersección de las avenidas Cruz y Escalada para repudiar la represión de las policías Federal y Metropolitana contra los vecinos de Villa Soldati.´
A pesar de todo, nuevamente unas mil personas volverían a instalarse en el parque, tras enfrentasrse con la policía que custodiaba el parque, y que finalmente terminó cediendo a los asaltantes.
Al mismo tiempo, el asunto comenzaba a enmarañarse judicialmente. El Juez Roberto Gallardo, titular del Juzgado de lo Contencioso administrativo y Tributario nº 2, de Turno ese día, ordenó frenar otro intento de desalojo acordando que la Gendarmería realizara un cerco perimetral; pero el gobierno nacional, finalmente desoyó esta solicitud judicial, alegando que se trataba de una orden de cumplimiento imposible. Asimismo el juez ordenó al Gobierno de la Ciudad que, de forma inmediata, garantizase a los okupas el suministro de agua potable y asistencia sanitaria , que relizase un censo de los okupantes y se abstuviese de realizar ningún acto que implicase la modificación de la situación fáctica actual en el predio Parque Indoamericano y de realizar desalojos en el citado lugar hasta tanto el tribunal diese por finalizada la mesa de dialogo y negociación.
El día 9, mientras se discutían y repartían las responsabilidades entre el gobierno federal y el Gobierno local de Buenos Aires, el predio desalojado volvió a ser okupado. A partir de las 10,30 horas, aprovechando que no había ningún efectivo de la policía Federal y apenas seis de la Metropolitana, unas doscientas cincuenta familias lo okuparon nuevamente, comenzando a parcelar y repartirse el terreno por lotes, para acto seguido iniciar la construcción de chabolas de chapa y cartón.
Tras ello y con total ausencia de la Policía Federal, unos cien agentes de la Metropolitana se desplegaron en uno de los costados del Parque sin evitar la okupaciòn.
Por eso, funcionarios del Gobierno de la ciudad se reunieron a las 17,00 horas con representantes de los ocupantes, algunos legisladores porteños y diputados nacionales, en la sede de la Unidad de Gestión de Intervención Social, situada frente al Parque Indoamericano. Allí los ocupantes reclamaron que no hubiera más represión, que se anulara la orden de desalojo y que les dieran asistencia alimentaria y médica, y aseguraron que se negaban a abandonar el predio okupado. El Gobierno, en tanto, les respondió que debían liberar la mayor parte del predio, agruparse en un sector más pequeño y aceptar ser censados, para luego darles agua, comida, baños químicos y asistencia sanitaria, y empezar a buscar una solución. Los ocupantes no aceptaban en principio el censo porque no querían que otros intrusos se aprovecharan para meterse en el parque en busca de beneficios.
Entre tanto los vecinos de villas próximas, que habían empezado a organizarse, hartos de la situación y conocedores de las soluciones, siempre favorables a los okupas con que habían concluido otras okupaciones, procedieron a desalojar, por su cuenta a los okupas, con palos, piedras, e incluso con armas blancas y de fuego; como consecuencia de lo cual, aparte de numerosos heridos, resultó muerto uno de los okupas, de origen boliviano.
Mientras los okupas del Parque Indoamericano se enfrentaban a pedradas con vecinos de Villa Soldati, un grupo de personas tomó el control de un complejo habitacional que se encuentra en Saraza y Escalada, a escasos metros de donde se había realizado la primera usurpación. Se trataba de edificios nuevos, que habían sido construidos por el Instituto de la Vivienda de la Ciudad, y que estaban listos para ser entregados.
Nuevamente los hechos terminaron en un cruce de acusaciones políticas entre las organizaciones de izquierda extraparlamentaria, en favor de los okupas y en contra del alcalde que había promovido el desalojo; el alcalde, jefe del Gobierno porteño ( de la Ciudad de Buenos Aires ), Mauricio Macri quien atribuyó el conflicto a la inmigración descontrolada y a la retirada de la Policía Federal tras el desalojo, reclamando nuevamente la intervención de la Policía Federal ( competente para la intervenciòn en este tipo de disturbios ); y los responsables del Gobierno Federal, quienes, a su vez, le acusaban de xenófobo; de no haber vigilado y evitado la nueva entrada tras el desalojo, negándose a enviar a la Policía Federal, alegando la Presidenta, que la seguridad de la ciudad era responsabilidad del gobierno municipal y que era necesario agotar todas las instancias para evitar la violencia; al tiempo que anunciaba la creación de un Ministerio de Seguridad separado del de Justicia.
El problema de competencias Local y Federal en el ámbito político se reproducía en el ámbito judicial, donde la jueza contravencional María Cristina Nazar, quien había ordenado a la Policía Federal el primer desalojo , por tratarse de una competencia de la jurisdicción porteña ( de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ), no se había pronunciado, aún sobre si aceptaba o no el expediente que le pasaron del fuero Contencioso Administrativo de la Ciudad tras el rechazo de la jueza Lidia Lago, que se declaró incompetente; en tanto que los homicidios producidos durante el mismo , fueron encomendados a la Jurisdicciòn Federal, por considerarse de su competencia . Las cosas resultaban aún mas complicadas en cuanto se suscitaban dudas sobre si las armas de fuego causantes de las muertes pertenecían a los policías que habían intervenido en el desalojo, o a particulares. Todo lo cual venía a sumarse a las ya mencionadas actuaciones del Juez Gallardo de lo Contencioso administrativo a quien correspondía resolver y adoptar por turno las decisiones judiciales tras el primer desalojo, y cuyas medidas aún no habían sido derogadas.
El día 10, en un estado de y confusión y caos político, los vecinos de las Villa Soldati y Lugano, situadas en los alrededores de las 130 hectáreas del okupado Parque Indoamericano, convocaron una cacerolada y una nueva marcha hacia el Parque , cuyo control se disputaban nada menos que 6 organizaciones : Un grupo de peruanos, ubicados en Villa 20, que pretendían ampliar su negocio, y que tendría vinculaciones con el narcotráfico; un grupo de bolivianos, afín al tráfico de personas; los vecinos de Los Piletones, área de acción de Madres de Plaza de Mayo, en conflicto con algunos de los otros grupos y que, a su vez, sentian amenazados sus proyectos habitacionales; los vecinos de Villa Lugano, donde algunos proyectos habitacionales en ejecución sufrieron un intento de copamiento de parte de los okupas, pero los defendieron con sus armas; los vecinos de Villa Soldati, que no está dispuesta a permitir la ocupación del espacio público por las consecuencias que tiene para ellos; y 7 las organizaciones de izquierda, que buscaban alcanzar sus propios objetivos políticos. Todo ello provocaba, a su vez conflictos internos entre los intengrantes de estos grupos okupas.
El día 11, sin acuerdo político sobre la solución definitiva al problema de la okupación del Parque, y tras dos reuniones en la Casa Rosada en las que participaron funcionarios nacionales, del gobierno porteño y delegados de organizaciones sociales en representación de los ocupantes del predio en Villa Soldati, el Gobierno Federal, a instancias de los rerpresentantes de los okupas, reaccionó y envió envió 1200 policías, para establecer un cordón, junto con la policía local, a fin de, realizar un censo de okupantes, controlar la entrada y salida del parque , al tiempo que anunciaba el envio de agua, alimentos y más baños químicos para atender la emergencia.
Asimismo el Alcalde de Buenos Aires solicitó a los vecinos de Villa Lugano y Villa Soldati, que organizaban una marcha para las 18.30 en contra del asentamiento, que no se movilizaran ni dieran lugar a nuevos hechos de violencia. A pesar de ello, la marcha se produjo, pero el grupo de no más de 300 vecinos no se acercó al cordón de seguridad.
Minutos antes, del otro lado del parque, se había realizado sin incidentes el velatorio de Juan Castañeda Quispe, una de las víctimas de los enfrentamientos.
En cambio, un grupo de manifestantes de partidos políticos de izquierda y sindicatos que apoyaban la toma del predio chocó con hombres de infantería de la Policía Federal, provocando el único incidente de la jornada.
El día 12 la jueza titular del juzgado en los Contencioso Administrativo y Tributario Nº 4 de la ciudad Elena Liberatori recorrió el predio del Parque Indoamericano,declarando que la situación que se vive en Soldati "no es una ocupación de territorio" sino "algo más trascendente: es pedir una vivienda digna". La magistrada dijo buscar "una pronta solución" al conflicto habitacional y que sea "la mejor de todas". Al analizar el origen de la toma, estimó que "a veces los métodos son los que salen" y reconoció que "todo lo que sucedió tiene que ver con las tremendas necesidades" de los ocupantes. La jueza visitó el lugar "para comprobar que el operativo de pacificación está marchando" y, en ese sentido, aseguró que "está marchando muy bien", aunque lamentó que "las respuestas se susciten a partir de hechos tan lamentables como son las muertes de personas".
Ése mismo día un grupo de vecinos que protestaban contra la okupación del Parque Indoamericano y las indecisiones políticas y judiciales para su desalojo, cortó la Avenida Dellapiane, junto a su intersección con Escalada, generando un caos de vehículos, y enfrentándose con piedras a los efectivos de Prefectura, que intentaban dispersarlos con gases lacrimógenos.
También ese mismo día comienza a conocerse que uno de los principales líderes de la okupación del Parque Indoamericano, activo participante en la reunión de la Casa Rosada del día anterior es Alejandro Salvatierra, alias "Pitu", delegado de la Villa 15 y militante de una agrupación ultra kirchnerista llamada Tendencia Nacional y Popular, encabezada por el legislador porteño Francisco "Tito" Nenna, uno de los que impulsó el juicio político al alcalde Macri, por escuchas ilegales. Pitu había estado detenido por cometer un delito y recuperó la libertad durante el gobierno de Kirchner, tras una sentida carta dirigida al mismo.
También a lo largo de ese día se desarrollaron a toda prisa los trabajos para conocer el censo definitivo de los okupantes.
CONTINUARA...
En España, aunque aún no hemos llegado aún a esos niveles de alarma, deberíamos tomar buena nota porque, aunque ligeramente retrasados, nos movemos en la misma senda. Esa interminable senda supuestamente samaritana, que transitando desde el "papeles para todos", continua por "Derechos sociales para todos" , donde se incluye "vivienda digna para todos" . Y así sucesivamente, en un carrusel interminable de derechos, ayunos de cualquier tipo de obligación .
Y, por si fuera poco, todo ello "gratis total", como si todos los menesterosos del mundo hubiesen sido elevados, repentinamente, a la categoría de" ministros de un gobierno manirroto.
Por eso no es extraño que ante tan abundanate y promisorio maná, acudan, como moscas a la miel, todos los parias de la tierra, en busca de su tierra prometida, amenazando, con su peso, con hundir las arcas de Noé nacionales, en el crecido mar, como consecuencia de un diluvio de anarquía.
Y como quiera que en los diarios y noticiarios españoles, al margen de las perrerías que sufren nuestras empresas allí instaladas, las noticias de Argentina, pasan bastante desapercibidas ( bastante tenemos con lo nuestro ), ustedes se preguntarán : ¿ Y que pasa en Argentina que pueda afectarnos en España ?
Pues en Argentina, pasa que, sus políticos, han llevado a cabo una insensata política inmigratoria de "papeles para todos" muy semejante a la seguida por España en los últimos años; y que esa política insensata ha sido seguida por otra no menos insensata política de "Derechos sociales para todos", financiada, como no, a cargo de las clases medias, ( entendidas estas en amplio sentido ) desbaratando, a su vez, las expectativas de progreso de los ciudadanos integrantes de las clases mas bajas; quienes, en el mejor de los casos, se ven obligados a competir en condiciones de igualdad, con los recien llegados, por la concesión de subvenciones y servicios sociales; Eso, cuando no resultan incluso preteridos, con base en novedosos principios como los de "integraciòn de la inmigraciòn" , "discriminaciòn postiva" y otros semejantes .
Tan explosiva situación, agravada por la crisis económica mundial y por las contradicciones propias de un Estado Federal como el Argentino, gestionado por una casta política corrupta y con escaso sentido de Estado , que utiliza el patio nacional para sus particulares navajeos electorales, ha llevado , a los recien llegados a tomarse la justicia social por su mano, con "salvoconducto" oficial, según todos los indicios , okupando masiva y premeditadamente terrenos públicos o privados, como forma de chantaje al Estado; quien finalmente termina cediendo y realizando concesiones a los usurpadores, y alimentando con ello una peligrosa espiral de inmigración ilegal-usurpación-obtención de concesiones, a la que no son ajenos los espabilados de turno, al servicio de oscuros intereses que lideran los "Movimientos" por el acceso libre a las tierras o a la vivienda.
En una entrada anterior ya hice referencia a la problemática de las okupaciones en Argentina, que tiene caracter endémico y que se encuentra ampliamente extendida por el País, con especial incidencia en algunas partes del mismo. En esa misma entrada se comentaba, como la organización de los vecinos, ante el abstencionismo político en la defensa del derecho de propiedad inmobiliaria, había frustrado un acto de okupación de tierras.
El fenómeno se ha generalizado y se ha extendido de forma contagiosa, al parecer con algún empujón político, a la capital Federal, Buenos Aires, con gran escándalo de la población autóctona que, ante ese expolio organizado por los "invasores" y consentido por sus representantes políticos, ha comenzado a organizarse, en un ejercicio de legítima defensa, para hacer valer, al margen de los cauces legales, las leyes vigentes sobre propiedad privada que sus gobernantes han decidido ignorar, en aras de sus peculiares intereses. Y curiosamente esos perjudicados que se han "levantado en armas", no han sido los "ricos", según el simplificador concepto progre al uso, sino ciudadanos de a pié de esos que, día a día, se ganan de verdad el pan con el sudor de su frente.
El breve resumen cronológico de los hechos a que me estoy refiriendo y cuyas consecuencias aún colean a día de hoy, a pesar de la tardía reacción polìtica, ante el desmadre, son los siguientes :
En el fin de semana comprendido entre los días 3 a 5 de diciembre unas doscientas familias ocuparon veredas, parques y bulevares a lo largo de las 100 hectáreas del Parque Indoamericano de Buenos Aires .
El lunes día 6 de diciembre el apoderado de las Madres de Plaza de Mayo, Sergio Schoklender, denunciaba que "grupos de narcos" quisieron usurpar por la fuerza las viviendas que la asociación construye en un predio frente al parque Indoamericano y pidió la intervención policial.
Al al enterarse de la formación del asentamiento, el Gobierno municipal, que hasta entonces, en la mayoría de las okupaciones, había optado por desalojos voluntarios pactados a cambio de subsidios denunció el caso ante la Justicia. La jueza María Cristina Nazar emitió una orden de desalojo a la Policía Federal, quien en una operación conjunta con la Policía Metropolitana, procedieron a su ejecución inmediata durante la noche de ese mismo día y la madrugada del día 7 . Todo ello, con un saldo de dos okupas muertos por disparos y varios policías y okupas heridos, como consecuencia de la resistencia al desalojo y del violento enfrentamiento con los Cuerpos de Seguridad que lo ejecutaban .
El día 7 Por la mañana, los okupas desalojados se concentraron en la avenida Escalada para reclamar Justicia por los dos muertos que dejó el enfrentamiento entre habitantes de la villa 20 con policías federales, al tiempo que decidían cortar las vías del ferrocarril Belgrano Sur y del Premetro.
Por la tarde, cientos de vecinos de Villa Soldati volvieron a ingresar en el predio del que habían sido desalojadas unas 200 familias anoche y fueron frenados por un cordón de efectivos de la Policía Metropolitana que dividía en dos el Parque Indoamericano de ese barrio porteño, por la calle José Batlle y Ordónez.
Asimismo se celebró una reuniòn entre okupas de Villa Soldati con funcionarios y legisladores con la principal peticiòn por parte de los primeros de que finaliczase la represión policial y se retirasen de la zona los efectivos policiales. Por su parte, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires ofreció proveer de carpas, alimentos y agua a las familias del asentamiento del predio de Parque Indoamericano así como la medida de no innovar; es decir, que la gente pudiera seguir habitando en esos terrenos, en las mismas condiciones actuales, hasta un juez resolviese.
Por su parte , el juez en lo Contencioso Administrativo Andrés Gallardo se reunió con ministros del gabinete porteño y representantes de las personas sin viviendas que permanecen en el parque Indoamericano para hallar una solución al conflicto, para lo que el magistrado resolvió citar al jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, para el próximo día 10. ( Ver noticia )
El día 8, tras las muertes, el Gobierno suspendió a dos oficiales jefes y a tres suboficiales de la Policía Federal que participaron de la represión, aunque mas tarde se acreditaría que los disparos causantes de las muertes no procedian de las armas reglamentarias policiales.
Durante la jornada organizaciones sociales, piqueteras y partidos de izquierda se movilizaron hacia la intersección de las avenidas Cruz y Escalada para repudiar la represión de las policías Federal y Metropolitana contra los vecinos de Villa Soldati.´
A pesar de todo, nuevamente unas mil personas volverían a instalarse en el parque, tras enfrentasrse con la policía que custodiaba el parque, y que finalmente terminó cediendo a los asaltantes.
Al mismo tiempo, el asunto comenzaba a enmarañarse judicialmente. El Juez Roberto Gallardo, titular del Juzgado de lo Contencioso administrativo y Tributario nº 2, de Turno ese día, ordenó frenar otro intento de desalojo acordando que la Gendarmería realizara un cerco perimetral; pero el gobierno nacional, finalmente desoyó esta solicitud judicial, alegando que se trataba de una orden de cumplimiento imposible. Asimismo el juez ordenó al Gobierno de la Ciudad que, de forma inmediata, garantizase a los okupas el suministro de agua potable y asistencia sanitaria , que relizase un censo de los okupantes y se abstuviese de realizar ningún acto que implicase la modificación de la situación fáctica actual en el predio Parque Indoamericano y de realizar desalojos en el citado lugar hasta tanto el tribunal diese por finalizada la mesa de dialogo y negociación.
El día 9, mientras se discutían y repartían las responsabilidades entre el gobierno federal y el Gobierno local de Buenos Aires, el predio desalojado volvió a ser okupado. A partir de las 10,30 horas, aprovechando que no había ningún efectivo de la policía Federal y apenas seis de la Metropolitana, unas doscientas cincuenta familias lo okuparon nuevamente, comenzando a parcelar y repartirse el terreno por lotes, para acto seguido iniciar la construcción de chabolas de chapa y cartón.
Tras ello y con total ausencia de la Policía Federal, unos cien agentes de la Metropolitana se desplegaron en uno de los costados del Parque sin evitar la okupaciòn.
Por eso, funcionarios del Gobierno de la ciudad se reunieron a las 17,00 horas con representantes de los ocupantes, algunos legisladores porteños y diputados nacionales, en la sede de la Unidad de Gestión de Intervención Social, situada frente al Parque Indoamericano. Allí los ocupantes reclamaron que no hubiera más represión, que se anulara la orden de desalojo y que les dieran asistencia alimentaria y médica, y aseguraron que se negaban a abandonar el predio okupado. El Gobierno, en tanto, les respondió que debían liberar la mayor parte del predio, agruparse en un sector más pequeño y aceptar ser censados, para luego darles agua, comida, baños químicos y asistencia sanitaria, y empezar a buscar una solución. Los ocupantes no aceptaban en principio el censo porque no querían que otros intrusos se aprovecharan para meterse en el parque en busca de beneficios.
Entre tanto los vecinos de villas próximas, que habían empezado a organizarse, hartos de la situación y conocedores de las soluciones, siempre favorables a los okupas con que habían concluido otras okupaciones, procedieron a desalojar, por su cuenta a los okupas, con palos, piedras, e incluso con armas blancas y de fuego; como consecuencia de lo cual, aparte de numerosos heridos, resultó muerto uno de los okupas, de origen boliviano.
Mientras los okupas del Parque Indoamericano se enfrentaban a pedradas con vecinos de Villa Soldati, un grupo de personas tomó el control de un complejo habitacional que se encuentra en Saraza y Escalada, a escasos metros de donde se había realizado la primera usurpación. Se trataba de edificios nuevos, que habían sido construidos por el Instituto de la Vivienda de la Ciudad, y que estaban listos para ser entregados.
Nuevamente los hechos terminaron en un cruce de acusaciones políticas entre las organizaciones de izquierda extraparlamentaria, en favor de los okupas y en contra del alcalde que había promovido el desalojo; el alcalde, jefe del Gobierno porteño ( de la Ciudad de Buenos Aires ), Mauricio Macri quien atribuyó el conflicto a la inmigración descontrolada y a la retirada de la Policía Federal tras el desalojo, reclamando nuevamente la intervención de la Policía Federal ( competente para la intervenciòn en este tipo de disturbios ); y los responsables del Gobierno Federal, quienes, a su vez, le acusaban de xenófobo; de no haber vigilado y evitado la nueva entrada tras el desalojo, negándose a enviar a la Policía Federal, alegando la Presidenta, que la seguridad de la ciudad era responsabilidad del gobierno municipal y que era necesario agotar todas las instancias para evitar la violencia; al tiempo que anunciaba la creación de un Ministerio de Seguridad separado del de Justicia.
El problema de competencias Local y Federal en el ámbito político se reproducía en el ámbito judicial, donde la jueza contravencional María Cristina Nazar, quien había ordenado a la Policía Federal el primer desalojo , por tratarse de una competencia de la jurisdicción porteña ( de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ), no se había pronunciado, aún sobre si aceptaba o no el expediente que le pasaron del fuero Contencioso Administrativo de la Ciudad tras el rechazo de la jueza Lidia Lago, que se declaró incompetente; en tanto que los homicidios producidos durante el mismo , fueron encomendados a la Jurisdicciòn Federal, por considerarse de su competencia . Las cosas resultaban aún mas complicadas en cuanto se suscitaban dudas sobre si las armas de fuego causantes de las muertes pertenecían a los policías que habían intervenido en el desalojo, o a particulares. Todo lo cual venía a sumarse a las ya mencionadas actuaciones del Juez Gallardo de lo Contencioso administrativo a quien correspondía resolver y adoptar por turno las decisiones judiciales tras el primer desalojo, y cuyas medidas aún no habían sido derogadas.
El día 10, en un estado de y confusión y caos político, los vecinos de las Villa Soldati y Lugano, situadas en los alrededores de las 130 hectáreas del okupado Parque Indoamericano, convocaron una cacerolada y una nueva marcha hacia el Parque , cuyo control se disputaban nada menos que 6 organizaciones : Un grupo de peruanos, ubicados en Villa 20, que pretendían ampliar su negocio, y que tendría vinculaciones con el narcotráfico; un grupo de bolivianos, afín al tráfico de personas; los vecinos de Los Piletones, área de acción de Madres de Plaza de Mayo, en conflicto con algunos de los otros grupos y que, a su vez, sentian amenazados sus proyectos habitacionales; los vecinos de Villa Lugano, donde algunos proyectos habitacionales en ejecución sufrieron un intento de copamiento de parte de los okupas, pero los defendieron con sus armas; los vecinos de Villa Soldati, que no está dispuesta a permitir la ocupación del espacio público por las consecuencias que tiene para ellos; y 7 las organizaciones de izquierda, que buscaban alcanzar sus propios objetivos políticos. Todo ello provocaba, a su vez conflictos internos entre los intengrantes de estos grupos okupas.
El día 11, sin acuerdo político sobre la solución definitiva al problema de la okupación del Parque, y tras dos reuniones en la Casa Rosada en las que participaron funcionarios nacionales, del gobierno porteño y delegados de organizaciones sociales en representación de los ocupantes del predio en Villa Soldati, el Gobierno Federal, a instancias de los rerpresentantes de los okupas, reaccionó y envió envió 1200 policías, para establecer un cordón, junto con la policía local, a fin de, realizar un censo de okupantes, controlar la entrada y salida del parque , al tiempo que anunciaba el envio de agua, alimentos y más baños químicos para atender la emergencia.
Asimismo el Alcalde de Buenos Aires solicitó a los vecinos de Villa Lugano y Villa Soldati, que organizaban una marcha para las 18.30 en contra del asentamiento, que no se movilizaran ni dieran lugar a nuevos hechos de violencia. A pesar de ello, la marcha se produjo, pero el grupo de no más de 300 vecinos no se acercó al cordón de seguridad.
Minutos antes, del otro lado del parque, se había realizado sin incidentes el velatorio de Juan Castañeda Quispe, una de las víctimas de los enfrentamientos.
En cambio, un grupo de manifestantes de partidos políticos de izquierda y sindicatos que apoyaban la toma del predio chocó con hombres de infantería de la Policía Federal, provocando el único incidente de la jornada.
El día 12 la jueza titular del juzgado en los Contencioso Administrativo y Tributario Nº 4 de la ciudad Elena Liberatori recorrió el predio del Parque Indoamericano,declarando que la situación que se vive en Soldati "no es una ocupación de territorio" sino "algo más trascendente: es pedir una vivienda digna". La magistrada dijo buscar "una pronta solución" al conflicto habitacional y que sea "la mejor de todas". Al analizar el origen de la toma, estimó que "a veces los métodos son los que salen" y reconoció que "todo lo que sucedió tiene que ver con las tremendas necesidades" de los ocupantes. La jueza visitó el lugar "para comprobar que el operativo de pacificación está marchando" y, en ese sentido, aseguró que "está marchando muy bien", aunque lamentó que "las respuestas se susciten a partir de hechos tan lamentables como son las muertes de personas".
Ése mismo día un grupo de vecinos que protestaban contra la okupación del Parque Indoamericano y las indecisiones políticas y judiciales para su desalojo, cortó la Avenida Dellapiane, junto a su intersección con Escalada, generando un caos de vehículos, y enfrentándose con piedras a los efectivos de Prefectura, que intentaban dispersarlos con gases lacrimógenos.
También ese mismo día comienza a conocerse que uno de los principales líderes de la okupación del Parque Indoamericano, activo participante en la reunión de la Casa Rosada del día anterior es Alejandro Salvatierra, alias "Pitu", delegado de la Villa 15 y militante de una agrupación ultra kirchnerista llamada Tendencia Nacional y Popular, encabezada por el legislador porteño Francisco "Tito" Nenna, uno de los que impulsó el juicio político al alcalde Macri, por escuchas ilegales. Pitu había estado detenido por cometer un delito y recuperó la libertad durante el gobierno de Kirchner, tras una sentida carta dirigida al mismo.
También a lo largo de ese día se desarrollaron a toda prisa los trabajos para conocer el censo definitivo de los okupantes.
CONTINUARA...
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