OKUPAS "INDIGNADOS" : ¿NUEVA DICTADURA DEL PROLETARIADO?

La Constituciòn configura a nuestro país como Estado de Derecho. La característica básica de todo Estado de Derecho, es la del sometimiento de todos, incluida la propia Administración Pública, al imperio de la Ley, como expresión de la voluntad soberana del Pueblo, mayoritariamente expresada  a través de los representantes libremente elegidos. Y una de las funciones básicas de todo Estado de Derecho es la de proporcionar  Seguridad Jurídica, como base de la Libertad; en cuanto constituyen las dos inseparables caras de una misma moneda : La pacífica convivencia cívica.

A su vez la Ley, se caracteriza por que las normas que establece, generan recíprocos derechos y obligaciones que afectan a todos con caracter general; con las excepciones que la propia ley admite. Y su  interpretación y aplicaciòn de las leyes, conforme a Derecho se deja en manos del llamado Poder judicial, integrado por juzgados y tribunales independientes, que se manifiesta a través de las sentencias y demás resoluciones judiciales.

Pués bien, por obra y gracia del espíritu del movimiento 15M de okupas "INDIGNADOS" y sus cuarenta mariachis , vemos como se están vulnerando diariamente las leyes aprobadas por los representantes democráticamente elegidos , prostituyendo, de esta forma, el Estado de Derecho y deslegitimando las resoluciones judiciales, de forma impune y a plena luz del día; aprovechando para ello la actitud pasiva y cómplice de los poderes públicos encargados de impedirlo.

Empezó la cosa como supuesta reivindicaciòn política, okupando impunemente calles y plazas, y ante la impunidad de tales okupaciones, han ido surgiendo otras modalidades de esta nueva "dictadura del proletariado", que vienen a anular, de facto y  a sustituir por una sediciosa "voluntad popular" de esta casta de privilegiados, no solo las leyes sino, hasta  las propias resoluciones judiciales, dictadas como consecuencia de aquellas. Y todo ello al mas puro estilo matonil y mafioso, cínicamente revestido de pacifismo, y ante el silencio de las víctimas que contemplan atónitas como se conculcan sistemáticamente sus derechos, sin respuesta alguna por parte de los llamados poderes públicos encargados de defenderlos y protegerlos.

Una de esas modalidades de "dictadura del proletariado", consistía en boicotear, hasta impedir, los desahucios judiciales, oponiéndose a los mismos de forma tumultuaria y amenazante ante las mismas narices de  la  comisión judicial; forzándola a desistir para evitar posibles alteraciones del orden. Algo que se ha venido asumiendo, con total naturalidad y sin mayores consecuencias, por jueces, fiscales, policías y poder político, ante el pasmo de la silenciosa  mayoría ciudadana;  y sin que ello implicara responsabilidad alguna para los autores, que repiten una y otra vez semejantes actos.

Sin embargo, las noticias ( 1, 2 ) que recientemente ha publicado "El diario de Sevilla", constituyen un importante salto cualitativo en este tipo de actuaciones, que ponen de manifiesto el grado de descomposición al que día a día, los okupas con sus acciones y los poderes públicos con sus omisiones y actitudes, están sometiendo a las leyes y las instituciones de este País.

En esta ocasiòn, los okupas, no se han limitado,  a impedir un desahucio judicial; algo que intentaron y consiguieron en un primer intento, pero que no pudieron hacer en un segundo intento. En esta ocasiòn han dado un paso más, demostrando que en este País las leyes  cada vez menos se aplican con caracter general, o se ejecutan por jueces  y tribunales independientes; suplantados aquellas y estos por pandas cuasi-mafiosas, incluso travestidas a veces, bajo ropaje sindical y convertidas ora  en improvisados "parlamentos asamblearios", ora en  "tribunales populares" cuyas decisiones son  amparadas, con su inactividad, por los poderes públicos. En esta ocasión, una vez producido el desahucio han okupado la vivienda que acababa de ser adjudicada en pública subasta judicial, a una persona, con la "sana" intención de obligarle, a revendérsela  por el mismo precio de la adquisiciòn, al anterior propietario desahuciado. El cabecilla de esta partida de "bandoleros piqueteros" ( 1 , 2 , 3 ), viejo y conspícuo okupa ( 1 , 2 , 3 , 4 , 5  ) delincuente ( 1 ), y declarado insumiso judicial  ( 1 ) amparado bajo el manto sindical incluso ha tenido la desverguenza de anunciar públicamente su intención de llevar a cabo la okupaciòn e incluso de vanagloriarse  también públicamente, de la forma de acceso , a través de una ventana, así como de su  intención de mantener la vivienda okupada, hasta que el nuevo propietario de la vivienda doblegase su voluntad y llegase a un acuerdo con el desahuciado para que aquel pueda recomprarla y  pagarla fácilmente.

El artículo 172 del Código Penal, en su apartado 1º , sanciona como autor de un delito de coacciones  al que, "sin estar legítimamente autorizado, impidiere a otro con violencia hacer lo que la ley no prohíbe, o le compeliere a efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto; fijando para tal conducta una la pena de  "prisión de seis meses a tres años o con multa de 12 a 24 meses, según la gravedad de la coacción o de los medios empleados".

Tal como está planteado legal y jurisprudencialmente el delito de coacciones, los hechos descritos en las noticias publicadas, encajan, como un guante en el tipo delictivo. A pesar de lo cual no se conoce, acción legal  alguna, de oficio ni por parte de la fiscalía ni del juzgado competente. Y digo de oficio, porque tampoco se conoce que el perjudicado haya presentado denuncia, o en cualquier caso que esta si se ha producido, haya tenido hasta ahora efecto alguno . Aunque en este caso, dada la actitud mafiosa de la banda de okupas, y la tibia o nula respuesta judicial , policial y política a sus fechorias que venimos contemplando en los últimos tiempos , no es de extrañar que la coacciòn haya terminado por surtir efecto.  Especialmente si se tiene en cuenta, que a vencer la resistencia del aquirente del piso en la subasta pública para que lo revenda al mismo  propietario desahuciado, a un precio consensuado, mediando la coacciòn okupa, parece que ha contribuido  el propio alcalde del Pueblo ( PSOE ), quien habría actuado como muñidor para ablandar la voluntad de la víctima de la extorsiòn, incluso como dice, empleándose "a fondo" , para convencerle.

Una vez más parece que cada día está mas vigente, ese invento de la izquierda, denominado "discriminaciòn positiva" en la aplicaciòn de las leyes sancionadoras. Pero eso si, solo para todos aquellos que, actuando "cuadrilla", reivindiquen cualquier cosa, por cualquier medio, siempre que cuente con el marchamo de la izquierda polìtica; convertido éste en el agua que bendice todo lo que toca.

Hasta cuando vamos a tener que seguir los ciudadanos soportando los ciudadanos esta nueva "dictadura del proletariado" disfrazada de utópica filantropía ?.

¿ Quien va a acudir a partir de ahora a las subastas de bienes hipotecados ?

Y si estos no tienen salida en caso de impago, al no poder ejecutarse las garantías,  porque cuatro "mafiosos" consiguen imponer su propia ley ¿ Que banco va a conceder nuevas hipotecas ?

Y, si finalmente terminan por concederlas ¿No terminarán por trasladar los costes de la prima de riesgo al hipotecado ?

Señores okupas, dejen de una vez de salvarnos o terminarán por hundirnos. ¿ O es precisamente eso lo que pretenden?