Al igual que sucede en caso de los okupas inmobiliarios, que abusan de los, a veces, inexplicables derechos que les otorga la permisiva y obsoleta legalidad vigente , así como de la obsolescencia de nuestros procedimientos judiciales y de la saturación de Juzgados y Tribunales, algo semejante viene ocurriendo con los abusos del Derecho de Manifestación a que estamos asistiendo; especialmente desde la irrupción en escena del nebuloso movimiento 15 y de todos sus posteriores hijos putativos.
Ayer, una vez más y por tercera vez en esta semana, sin cumplir con los requisitos legales unos grupúsculos perfectamente organizados y alentados por grupos políticos de ultraizquierda ,con el silencio cómplice, cuando no el apoyo explícito de partidos de la izquierda parlamentaria, han vuelto a okupar y cortar al tráfico la madrileña Plaza de Neptuno con la pretensión de arrogarse, gratuitamente, la representación del Pueblo soberano y convertirse en su voz, por el procedimiento de gritar sin descanso, mas lejos, mas alto y mas fuerte y . Estos don nadie, con ínfulas revolucionarias han vuelto , erre que erre, a tomar la Plaza de Neptuno, empeñados en adquirir notoriedad pública a cualquier precio, buscando copar , a toda costa, primeros planos y portadas de los medios de Comunicación , sin cuya cobertura morirían de inanición política. Medios, muchos de los cuales parecen, por otra parte, encantados con estas algaradas callejeras, cuanto mas violentas mejor, que les permiten cubrir su cuita de violencia y morbo en programas de radio y TV, así como llenar páginas de los diarios, mostrándonos lo bien que lo pasan estos mozalbetes y sus abueletes alcahuetes , convocando estos pseudobotellones y jugando al gato y al ratón y al corre corre que te pillo con nuestra policía en el convencimiento que estos jueguecitos con fuego les salen prácticamente gratis.
Y lo cierto es que toda la publicidad que reciben les sale completamente gratis. Al igual que les sale casi siempre gratis convocar manifestaciones ilegales a través de redes sociales u otros medios semejantes. Lo mismo que ocurre con la asistencia a las mismas, y con los cortes de calles que suelen llevar aparejadas, interrupiendo o incluso poniendo en peligro el tráfico, o con las provocaciones insultos y hasta apedreamientos o apaleamientos de policías. Todo ello sin hablar de otros actos vandálicos y delictivos. Y a ello contribuyen la mayoría de nuestros jueces, y sus interpretaciones de la legalidad vigente quienes, con gran habitualdad, y siempre que intervenga cualquier tipo reivindicación o grupo político o sindical por medio, tienden a pasar por alto o dar escasa relevancia penal y civil a los actos delictivos que se deriven de cualquier tipo de manifestaciòn callejera; y todo ello, con independencia de las dificultades de prueba de los hechos y circunstancias que los rodean, así como de la atribución de los mismos a sus autores, en sus diversas formas. Y por otra parte las sanciones de caracter económico que prevén las leyes administrativas mueven a risa a okupas y demás mangarrianes radicales, quienes normalmente terminan siendo declarados insolventes .
Al igual que sucede con los okupas inmobiliarios, el Gobierno no parece muy decidido a modificar la legislaciòn para reducir a proporciones aceptables esta impunidad de los manifestantes ilegales e intentar frenar esta escalada de "algarabías" callejeras que está tomando cada día tintes claramente mas subversivos y costosos para los ciudadanos.
Por si se anima le sugiero algunas ideas.
El mantenimiento del Orden Público, ahora llamado Seguridad Ciuidadana, al igual que otros servicios que presta el Estado, cuestan dinero y corren directamente a cargo de nuestros impuestos. Por otra parte, el ejercicio de muchos derechos y servicios no son gratuitos para aquellos que pretenden ejercerlos o utilizarlos y son pagados directamente por los usuarios. Así sucede, por poner dos ejemplos evidentes , con el Servicio de Bomberos o con el derecho de acceso a la Justicia, salvo casos excepcionales respecto a este último.
Por otra parte una de las sanciones mas justas y ejemplares para quien abusa dolosamente de un derecho, es privarlo del mismo; como sucede, por ejemplo, con la pena de inhabilitación para quien abusa de su cargo público o de determinadas profesiones .
Por ello, no parece razonable que en épocas en que los paganos de siempre tenemos que rascarnos aún mas el bolsillo para cubrir, además de los impunes "desfalcos" y los alegres derroches e ineficacias de nuestros políticos incompetentes o chorizos , tengamos que cubrir las juergas y botellones políticos de unos aprendices de brujos que pretenden hacer sus peligrosos experimentos a costa de los demás, okupando y enguarrinando calles, interrumpiendo el tráfico o haciendo la puñeta a empresarios y comerciantes ubicados en sus zonas de influencia ; y en suma, dando una patada al gobierno el culo de los ciudadanos.
Pues bien con carácter previo a cualquier medida de privación de libertad, cuyo coste, no menor, también terminamos pagando quienes no hemos roto los platos, resultaría muy sencillo sancionar con privación del derecho de manifestación, bien como medica cautelar o, en su caso, como pena principal o accesoria y con colocación de pulsera localizadora incluida, pagada a su costa, a todo aquel convocante o participante en una manifestaciòn ilegal. Lógicamente, en caso de incumplimiento, se incurriría en un delito de desobediencia, o de quebrantamiento de condena y en caso de ser identificado en cualquier manifestación, legal o ilegal, procedería, por tanto, la inmediata detención y puesta a disposición judicial.
Asimismo, previa evaluación del coste del dispositivo policial necesario para controlar y en su caso disolver cualquier manifestación ilegal y de los daños producidos en el mobiliario urbano y en bienes privados, por los manifestantes, siempre que no pudieran ser identificados personalmente sus autores, se imputaría de forma solidaria y en primer lugar a los convocantes y de resultar insolventes o su patrimonio insuficiente para cubrir dicho coste, a los manifestantes ilegales mayores de edad que resultasen identificados, o a sus papás, en caso de ser menores de edad.
Y para todos aquellos que resultasen insolventes, prohibición de obtener cualquier tipo de subvención pública hasta que no hubiesen abonado, al menos la mitad de la cuota de responsabilidad civil que les hubiese correspondido por tales hechos.
Con estas sencillas medidas, estoy seguro que remitiría notablemente la fiebre galopante de esta nueva pandemia nacional okupacalles, recientemente bautizada como "algarabía" .
¿ Tendrá Gallardón y este Gobierno lo que hay que tener, para adoptar alguna de estas medidas u otras semejantes que permitan dificultar estas acciones ilegales de los mismos malandrines de siempre ?.
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