LA CAIDA DEL CABALLO Y LA NUEVA FIEBRE ANTIOKUPA

En las dos últimas entradas, se han puesto de manifiesto las políticas favorables a los okupas  de las dos alcaldesas de Barcelona y de Madrid que lideran los ayuntamientos gobernados por ex-okupas o pro-okupas y, en general, por personas que, en su mayoría y de una u otra forma han estado dando alas y oxígeno al movimiento okupa en particular y a las okupaciones, en general.

También nos hemos hecho eco, en otras ocasiones, de que este clima favorable a la okupaciòn, creado por dichos grupos, unido al pasotismo de nuestros legisladores y gobernantes y a la ineficiencia de la Justicia, y a la sensaciòn de impunidad que todo ello genera ha terminado por favorecer no solo la proliferación de las okupaciones, como si de una plaga se tratara, sino también la aparición de mafias que han empezado explotar y controlar el fenómeno, contribuyendo a engordarlo y a lucrarse del mismo, al margen de, y en competencia con, las que podríamos denominar "mafias políticas", cuyas cabezas mas visibles son las CSOAs ( Centros Sociales Okupados y Autogestionados ) hasta ahora imperantes en el panorama okupa.

Y no es casual que sea ahora, precisamente, en el momento en que las "mafias políticas" comienzan a verse amenazadas por la competencia de las nuevas mafias, que han irrumpido en el floreciente "negociete" de la okupaciòn   y que podríamos denominar "económicas", que a los gobernantes  les entrado las prisas y han empezado a mover el culo y ponerse de acuerdo en adoptar algún tipo de medidas para tratar de cortar las alas a este incipiente movimiento.  

La semana pasada, Ahora Madrid, coalición que, con Carmena a la cabeza y el firme y persistente  apoyo del PSOE, gobierna el Ayuntamiento de Madrid equiparaba, a efectos de adjudicación de viviendas de protección oficial, a los okupas de tales viviendas  con los demás solicitantes que cumplen todos lo requisitos para ello, al solicitar a la Comunidad de Madrid y a la EMVS ( Empresa Municipal de la Vivienda  y Suelo ),  que no se tenga en cuenta el requisito que exige a los solicitantes ,  consistente en "no encontrarse ocupando una vivienda o inmueble (ni haberlo hecho en los últimos 10 años) de titularidad del Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid o EMVS sin título legítimo para ello en el momento de la solicitud o con posterioridad a la misma". 

Este requisito que, por otra parte, solo pretende proteger la vivienda pública, ya que nada dice de la okupaciones de viviendas privadas, hacia la que desplaza, con  ello, el foco de la okupaciòn, tampoco resulta muy eficaz, dadas las dificultades existentes en muchas ocasiones para identificar a todos los okupas, de una vivienda, al ser el domicilio inviolable, aunque sea okupado.  

Con semejante peticiòn Ahora Madrid, parece querer premiar los delitos de usurpación, penalizando por el contrario, comparativamente, a aquellos solicitantes de vivienda que han sido respetuosos con la legalidad y que se verían , así , perturbados en su derecho, por quienes que la han incumplido y a quienes con semejante medida colocarían no solo en plano de igualdad, sino de preferencia, puesto que ya estarían instalados en la vivienda autoadjudicada de antemano sin pasar por proceso de selección alguno . Bonito mensaje de justicia social y de defensa del Estado de Derecho. Claro semejantes mensajes tampoco son de extrañar viniendo de quien vienen; ya que han sido precisamente esos mismos que ahora gobiernan, quienes, en el pasado, han estado alentando las okupaciones y quienes siguen favoreciendo, en el presente, a sus colegas okupas de entonces, proporcionándoles locales para sus actividades políticas, encubiertas bajo el difuso manto justificativo de la cultura y el compromiso social y quienes ante las nuevas okupaciones  alentaban a los vecinos, mediante un cartel, a "no avisar a la policía" y a dar la "bienvenida" al nuevo vecino okupa y poco menos que a dar una fiesta en su honor con fuegos artificiales incluidos . De traca.

Pero he aquí que, de repente, han empezado a caer en la cuenta que la okupación, lejos de ser poco menos prácticamente un derecho, como han venido pregonando constituye un problema social, al comprobar, que las 400 viviendas cedidas por los bancos al Ayuntamiento para su uso como viviendas sociales, habían sido okupadas, por aquellos que se habían hecho eco de sus irresistibles cantos de sirena.

Y he aquí que de repente todos han descubierto, , a la Policía Nacional, la Ley y la Justicia, a los que han estado denostando, para que les enderece sus propios entuertos. Algo que me recuerda al "Eureka" del ministro  Barrionuevo, en un día ya lejano ,  al descubrir de repente, las "bondades" del carácter militar de  la Guardia Civil,  nada mas aterrizar en el Ministerio del Interior, y después de haberse quedado ronco e gritar por su desmilitarizaciòn cuando estaba en la oposiciòn .

Y ahora, del mismo farisaico modo, tanto quienes han estado promoviendo directamente la okupaciòn con sus palabras y sus actos, como aquellos otros que lo hicieron, indirectamente, con su inmovilismo y sus silencios, han salido en tromba como paladines de la Ley y la Justicia, contra unas okupaciones, que hasta ahora habian estado justificando y alentando, en un caso o permitiendo de facto, en otro.

Ahora, ya iba siendo hora, todos ( Gobierno, Comunidad , Ayuntamiento y jueces de Madrid ) parecen haberse caído del caballo y se han reunido, para intentar resolver el problema puntual de las okupaciones de viviendas públicas de la capital de España, acordando nombrar un coordinador policial en materia de okupaciones, así como promover una mayor celeridad de la Justicia y la aplicaciòn de medidas cautelares; algo que lejos de ser nuevo, a excepciòn del coordinador policial, ya existía y sigue existiendo.

Todo parece que, una vez pasada, esta repentina fiebre antiokupa de nuestros políticos, el problema de las okupaciones volverá a seguir su curso sin grandes variaciones. y ello es así porque nadie parece interesado en abordar, con carácter general, un debate serio sobre la okupaciòn y los problemas de todo tipo que genera, así como las reformas legislativas y judiciales necesarias para acabar con la misma o minimizarla.