POLITICOS, POLITICA Y OKUPACIONES

En el pasado hemos visto a conspicuos socialistas , comunistas y afines, realizar declaraciones públicas de comprensión, justificación o incluso apoyo a causa de los okupas, así como a algunas concretas okupaciones. Así Inma Mayol, o la ex-ministra de Vivienda Trujillo .

Igualmente hemos visto a okupas caminar codo con codo con socialistas en huelgas generales, o en camapañas como "nunca mais", "no a la guerra", "papeles para todos", o mas recientemente salvem el Cabanyal o la próxima manifestación anti-Gallardón, por citar solo algunas de las mas sonadas.

Después de tantos apoyos a los okupas, por parte de socialistas y comunistas, y de tantas colaboraciones de aquellos con estos, resulta gratificante oir a un alcalde del PSOE y a un portavoz de Izquierda Unida, socio de gobierno del anterior, despotricar contra los okupas, y reconocer, públicamente, que las okupaciones ilegales crean "una vulnerabilidad de los derechos fundamentales de los vecinos".

Eso es al menos lo que se dice en la noticia que el pasado día dos de marzo publicaba el "Diario de Getafe", bajo el siguiente titular : "Bloques con ‘okupas’ generan conflictos vecinales en Getafe Norte".

Claro, que si se lee bien la noticia, se cae en la cuenta de que ese malestar contra los okupas y sus okupaciones no tiene caracter general, sio que solo se circunscribe a las viviendas que, dentro del uno de los barrios de su municipio, posee el Instituto de la Vivienda de Madrid ( IVIMA ); organismo, dependiente de la Comunidad de Madrid, gobernada por el Partido Popular.


De ser cierto lo que publica la noticia en cuestiòn, la situación no deja de ser sonrojante, en cuanto de dos bloques con un total de 250 viviendas, estarían okupadas ilegalmente mas de cien viviendas; Por lo que resulta indudable, que además de la injusticia que supone hurtar el derecho que sobre dichas viviendas tendrían los potenciales adjudicatarios de las mismas que reuniesen los requisitos legales necesarios para resultar adjudicatarios de las mismas, tal situaciòn genera indudables problemas de convivencia, a los actuales adjudicatarios, que residen en los bloques, en cuanto para acceder a los servicios básicos de agua y luz, los okupas recurren a enganches ilegales a las redes de abastecimiento, y se carga a las respectivas comunidades de vecinos, legalmente constituidas, los gastos comunes de todo tipo ocasionados por los okupas; al tiempo que se genera en estos la inseguridad que implica la forzosa vecindad de un número tan importante de okupas descontrolados con los que se ven obligados a convivir, y a estar alerta para evitar nuevas okupaciones.

De ahí que, en principio, la crítica ante la supuesta pasividad del IVIMA, permitiendo tal situación resulte razonable, e incluso aplaudible.

Sin embargo, esa misma crítica sería mucho mas aceptable y, por supuesto, mas creible, si en la misma se incluyese al Gobierno de España, de su mismo Partido y tendencia política quien, ademas de haber tenido una ministra comprensiva con las okupaciones mantiene, contra viento y marea unas leyes que permiten que semejantes situaciones se prodiguen con un mínimo coste para los okupas, y que lejos de disuadir de semejantes conductas, invitan a ellas.

Resulta evidente que la culpa de las okupaciones, como del resto de los delitos, ni es ni puede ser de las víctimas, ( en este caso el IVIMA, e indirectamente los vecinos que sufren a los okupas ), sino de los delincuentes; en este caso, los okupas.

Un segundo grado de culpa, habría que buscarlo, en todo caso, en los legisladores que se empecinan en mantener unas leyes probadamente ineficaces y escasamente disuasorias de tales conductas. Y en cuanto a las víctimas ( el IVIMA, e indirectamente los adjudicatarios afectados ) , resulta un tanto hipócrita criticar la facilidad con la que se dejan robar, violar o, en este caso, okupar, y ello con independencia que pudiera exigírse al IVIMA, como se hace, una mayor diligencia para promover los desalojos de los okupas o una mayor rapidez en las adjudicaciones para evitar o dificultar las okupaciones. Pero , por tratarse de una crítica política a políticos del bando contrario, quedarse ahí, sin ir mas allá, resulta un tanto hipócrita y poco serio.

Con idependencia de la discusión, acerca de la supuesta pasividad o de la falta de diligencia del IVIMA, a la hora del empleo de medios para inpedir las okupaciones de sus pisos en Getafe o de proceder al desalojo de los okupas, y de las causas o razones de todo ello, así como de los evidentes perjuicios que ocasiona a los actuales o potenciales adjudicatarios legales de las mismas, lo que no resulta de recibo es que contemplemos con total normalidad, el hechio de que para defender, algo tan evidente como la propiedad de unos pisos cerrados, de titularidad pública, como los del IVIMA, sea necesaria, además de los Cuerpos de Seguridad ( Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil y Policía Local ), y de las leyes en vigor, una legiòn de vigilantes jurados; solo porque las leyes y los procedimientos que establecen resultan inexplicablemente tolerantes con los okupas facilitando sus descaradas y prácticamente impunes okupaciones.

Es por ello que, con independencia de las razones que asistan, tanto al alcalde de Getafe como a su socio de gobierno, tanto para defender a los sufridos adjudicatarios legales de las viviendas del IVIMA que sufren en silencio la almorrana okupa, como para criticar la supuesta pasividad o falta de diligencia del IVIMA para mantener sus propiedades libres de okupas, el hecho de eludir la crítica, por elevación, a las leyes que facilitan las okupaciones y al Gobierno de su propio partido que debería promover su cambio, invita a pensar en dichas críticas como un farisaico y pasajero rifirrafe preelectoral, mas encaminado al desgaste de un adversario dificil o a tapar verguenzas propias, que a una verdadera defensa de los sufridos adjudicatarios legales de las viviendas.