SURREALISMO OKUPA

¿Que haría usted si, como propietario, hubiera firmado un contrato privado de compraventa de una vivienda , hubiera recibido una parte del precio, y llegado el momento de firmar la correspondiente escritura de compraventa y entregar las llaves y con ellas la posesión de la misma, se encontrase con que la vivienda había sido okupada, por unos indivíduos que no se van ni con agua caliente ?

Pués bien, existen varias opciones encaminadas al desalojo y recuperación de la posesión provisionalmente perdida :

Tal vez la más rápida, aunque no necesariamente la mas eficaz, sería liarse la manta a la cabeza; echar la puerta abajo y correr a gorrazos a los okupas; solo o en compañía de otros.

Aunque eso sería lo primero que le pasa por la cabeza y lo que le pide el cuerpo al común de los propietarios okupados, sinceramente no se la recomiendo.

Aunque la jugada podría salir bien y los okupas poner pies en polvorosa en busca de otra vivienda con un propietario menos aguerrido, y aquí paz y después gloria, también podría resultar agredido por los okupas, en defensa de su recién obtenida morada y/o denunciado por estos, e imputado, como mínimo, por un delito de allanamiento de morada y teniendo que asumir la alta probabilidad de una condena de prisión de seis meses a dos años, en el mejor de los casos, o de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses en caso de concurrencia de violencia o intimidación, que es lo que establece el artículo 200 del Código Penal para tales casos . Increible pero cierto. Y eso, sin tener en cuenta la casi segura condena en Costas, y la probable indemnización a los okupas, en concepto de responsabilidad civil; y para mas Inri, la posibilidad de tener que soportar la permanencia de los okupas en la vivienda okupada durante el tiempo que dure el procedimiento judicial .Y todo por no haber seguido desde un principio el lento y costoso procedimiento judicial adecuado para obtener el desalojo. Unica vía ética y legal para recuperar la posesión perdida, cuando los okupas se niegan voluntariamente al desalojo, como ocurre en la mayoría de los casos.

Una segunda opción, sería intentar negociar la salida voluntaria de los okupas a cambio de una compensación económica. Esta opción que repele e indigna, por el evidente y flagrante chantaje que supone, podría parecer, en cambio una opción práctica para quién con una visión puramente mercantil del problema pusiese por encima el buen fín de la operación comercial pendiente, aún a sabiendas de que implicaría una injusta disminución del beneficio esperado y un estímulo para posteriores extorsiones.

Claro que, aún cuando okupas y propietario okupado llegasen a un acuerdo sobre el precio del desalojo voluntario, a menos que acto seguido se transmitan, inmediatamente, la propiedad o la posesión al comprador, o que el propietario se mudase, con igual inmediatez, a vivir a la vivienda hasta la transmisión efectiva de la propiedad, el riesgo de que volviese a repetirse la okupación, bien por los mismos okupas o por terceros, obligaría a pensarse muy mucho el ejercicio de esta opción.

Además, con ello, estaría incumpliendo la obligación de denunciar los delitos e incluso encubriendo al autor o autores del mismo.

Aunque tampoco debería preocuparse mucho por ello, pues esta posibilidad es más teórica que real; pues con casi total seguridad nadie iba a proceder judicialmente contra quien optase por dicha vía; tanto por la opacidad con que , es de suponer que se habría desarrollado la operaciòn, como por la falta de interés real de nuestra saturada Justicia en perseguir semejantes hechos.

La tercera opción consistiría, en iniciar el viacrucis de un proceso judicial para lograr el desalojo; bien por la vía penal, por delito de usurpación, mediante una denuncia, con o sin posterior pesonaciòn en el procedimiento o, directamente, mediante una querella; bien por la vía civil, mediante un interdicto de recobrar, o a través de un procedimiento de desahucio; rocedimientos similares tanto en cuanto a la sumariedad o simplificación de su tramitaciòn y, por tanto celeridad, como en cuanto a su coste económico .

El problema de estas vías judiciales es que, en el mejor de los casos, resultan insoportablemente lentas para los propietarios víctima de las okupaciones, ( una de las razones que hacen viables y rentables las okupaciones ) en cuanto, con suerte, resulta muy dificil la obtención de un desalojo antes de seis meses y, a excepción de la vía penal iniciada mediante denuncia, resulta, además costosa; dada la dificultad de recuperar el dinero invertido en abogado, procurador, y peritos en su caso, debido a que los okupas, al resultar, normalmente insolventes, por definición, no pagan las costas judiciales, aún cuando sean condenados.

La excepción al problema del coste del procedimiento para las víctims, la constituye el proceso penal iniciado mediante denuncia del perjudicado, sin posterior personaciòn en el procedimiento; en cuyo caso, el coste directo es cero. No así el coste indirecto, que puede llegar a resultar muy caro, en cuanto es posible que el desalojo se alargue en el tiempo si, como suele ser habitual, el fiscal se duerme en los laureles y no solicita la medida cautelar de desalojo preventivo, teniendo que esperar a que se dicte sentencia condenatoria para ello y a que esta se ejecute, con el exclusivo impulso de la una fiscalía atiborrada de trabajo .

Estos factores, lentitud, gratuidad, ausencia de responsabilidad civil efectiva y, en el mejor de los casos, ridículas penas de multa para los okupas, sustituidas en caso de impago por otras de prisiòn, igualmente ridículas, es lo que hace rentable tanto la okupaciòn como la persistencia en la misma, y lo que convierten sus consecuencias de las mismas en insoportablemente injustas para las víctimas. Y todo ello sin que los políticos de uno u otro partido, y especialmente del Gobierno, hagan nada por acabar con los incentivos que fomentan y promueven las okupaciones, colaborando a que se conviertan en fuente de contagio, como por está, aunque por diversas razones, ocurriendo en Argentina y en particular, recientemente en Buenos Aires.

Existen otras opciones, mas o menos imaginativas, para lograr un desalojo de okupas; todas ellas con un grado mayor o menor de ilegalidad; Por lo que a pesar de su posible eficacia, en orden a lograr un deslojo rápido, ni siquiera las voy a mencionar ni comentar.

Pués bien, la pregunta con que encabezábamos esta entrada y a la que hemos intentado responder de forma un tanto sintética, no es ni mucho menos retórica; ni el hecho a que se refiere, producto de la imaginación, por mas surrealista o kafkiano que pueda parecer, sino real como la vida misma; como puede verse en la noticia que se recoge en este video, de mayo de 2010, donde la víctima relata, en primera persona, su particular odisea con los okupas.

Y lo peor de todo es que, eso mismo, puede ocurrirle a cualquiera, en cualquier momento, con el permiso del nuestro presidente del Gobierno y su Ministro de Justicia; quienes consideran que la actual legislaciòn tanto penal, como civil y procesal, es suficiente para luchar contra el incremento e impunidad de los crecientes delitos de usurpación y actos de okupación, en general .

Por ello, junto a las anteriormente citadas opciones, una última opción complementaria, de caracter indirecto y de medio plazo, en cuanto tendría por finalidad ayudar a que nuestros gobernantes cambien el chip y se pongan las pilas como ya han hecho en Holanda, para evitar situaciones semejantes a las que está viviendo, por ejemplo, Argentina, consistiría en remitir al Presidente del Gobierno, con copia a su Ministro de Justicia una carta explicando la situaciòn particular que vive cada víctima de una okupaciòn, las dificultades para lograr el desalojo y demás problemas derivados de los procesos judiciales que se sigan con tal fin.

Para quien se anime, aquí puede ver un extenso y argumentado modelo, que puede copiar o utilizar como guía para realizar su propia queja, y que puede ser modificado, si se estima conveniente, para adaptarse a las peculiaridades de cada caso.