Una vez mas, una noticia sobre un inmueble ocupado, aparecida tanto en la edición de Andalucía del Diario “El Mundo”, como en el diario “Málaga hoy “, viene a poner de manifiesto, cómo el crecimiento imparable del fenómeno Okupa, tiene una de sus causas principales en el mal funcionamiento de las administraciones públicas. Concretamente, en este caso, en la típica lentitud de la Justicia, por una parte, y en la similar morosidad del Ayuntamiento de Málaga en adoptar las resoluciones que les competen . Lentitud, cuyas conecuencias terminan, finalmente, cargándose en la cuenta , no de las "Administraciones Públicas" morosas, ni tampoco en la de los autores de la okupación, insolventes de profesión, sino de la víctima de unos y otros: es decir, el propietario; silente sufridor de las disfunciones administrativas y judiciales y de los actos delictivos de los ilegítimos ocupantes, sostenidos en el tiempo con la negligente complicidad de las instituciones .
El relato de la noticia constituye un clásico en las historias sobre okupaciones, aún cuando presente alguna ligera variante que le concede peculiaridad propia.
Así en el presente caso, la okupación no se ha llevado a cabo por “profesionales” de la okupaciòn , para montar el típico y eufemísticamente autodenominado “centro social “ , sino por “habituales” de la misma, como lo denota el hecho de que se trate de indigentes y drogodependientes, que, al parecer procedían de otros edificios que previamente ocupaban y que ya habían sido desalojados por derribo .
Por su parte, según la noticia, el propietario, una sociedad inmobiliaria, ( “especuladora”, según la propaganda okupa ) había adquirido, hace mas de cuatro años, el inmueble, ahora ocupado, donde se ubicaban los antiguos cines Astoria y Victoria , en pleno centro cultural y turístico de Málaga, con la intención de construir un bloque de apartamentos, y tras presentar numerosos proyectos ( hasta 24 dice la noticia ) el Ayuntamiento quien, al parecer, tenía intención de albergar en dicho edificio la ampliación de la Casa Natal de Picasso, aún no ha otorgado las licencias correspondientes, tras mas de tres años desde el inicio de la tramitación.
Durante ese largo periodo de tiempo, y a pesar de los esfuerzos del propietario para evitar okupaciones , cambiando cerraduras, reforzando rejas y bloqueando entradas, los okupas han conseguido colarse al interior, y desde hace año y medio, no hay quien los mueva, a pesar de las denuncias interpuestas; ya que tanto la Policía Nacional como la Local se remiten a la necesaria resolución judicial y el juez competente, parece no tener prisa por otorgar al propietario la tutela judicial efectiva que proclama el artículo 24 de nuestra Constitución, y proceder al desalojo de los ilegítimos ocupantes.
La lentitud en la tramitación de licencias de demolición y edificación , dio lugar a la okupación del edificio , a pesar de las medidas adoptadas por el propietario para evitarlo, y la lentitud en la resolución judicial, permite la prolongación de la misma durante un año y medio, a pesar de la evidente falta de legitimidad de los ocupantes.
Mientras tanto, el mantenimiento de semejante situación, está dando lugar al deterioro estético del edificio y con ello de la imagen turística de la ciudad .
Al mismo tiempo, tal situación ocasiona molestias y riesgos para los vecinos, e incluso para los propios okupas, al constituir un foco de delincuencia, insalubridad y peligro de incendios o de derrumbe, debido al deterioro del edificio, a la acmulación de basuras y a las fogatas que realizan los okupantes.
Hechos semejantes ocurren por todas partes de nuestra geografía urbana, sin que a nuestros políticos y jueces parezca importarles un higo, ni los derechos de los propietarios, ni las molestias a los vecinos, ni los riesgos sanitarios y de otro tipo que suponen, en muchos casos este tipo de okupaciones.
Y mientras tanto los propietarios de inmuebles okupados de manera efectiva o potencial y los vecinos indirectamente afectados por las okupaciones, pagando impuestos, que sirven, entre otras cosas, para proteger y fomentar usurpadores y manatener unos Servicios Públicos que, lejos de poner soluciones al problema contribuyen al crecimiento de los actos de okupación con su ineficacia e inoperancia .
¿ Demagogia o cruda realidad ? . Que cada cual saque sus propias conclusiones.
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