Tres noticias recientes, una procedente de las Vascongadas y otras dos de la Comunidad Valenciana, ponen de manifiesto que, con independencia de la conveniencia de una modificación de nuestras leyes para dificultar la ola de ocupaciones ilegales de inmuebles, es posible, con voluntad política decidida y una pizca de imaginación reducir la incidencia de semejante plaga.
La primera de las noticias guarda cierta semejanza con otra ya comentada en una anterior entrada de este blog.
Se tarta también en este caso de un grupo unos 30 inmigrantes rumanos, que, tras haber ocupando anteriormente inmuebles en Elgoibar y Deba y desalojados posteriormente de los mismos, se habían instalado nuevamente desde hacía mas de un año en otro edificio del barrio de Txonta en Eibar .
Tras varias protestas vecinales al Ayuntamiento, debido al deterioro de la convivencia tanto por actuaciones violentas de los okupas, como por razones de salubridad e higiene decidió intervenir .
Constatado el problema, el Alcalde, tras analizar las diversas alternativas para un rápido desalojo, y tratando de evitar el asunto se empantanase en la lenta vía judicial, solicitó un informe de los servicios urbanísticos, quienes, tras declarar el estado de ruina del edificio, procedieron al inmediato desalojo y posterior demolición, tambien inmediata, del edificio .
No obstante, los okupas, de nacionalidad rumana, quienes malviven en España sin control alguno, invadiendo edificios de forma sistemática, en lugar de ser expulsados a su país, serán nuevamente “peloteados” a otro municipio, donde presumiblemente volverán a okupar nuevos inmuebles, como consecuencia de la falta de coordinación entre administraciones y de una nefasta ley de extranjería que, al igual que la tímida e inadecuada “legislación antiokupa” hace posible tan aberrantes situaciones .
La segunda noticia, procedente de la Comunidad Valenciana, da idea de cómo una labor policial constante y sistemática puede contribuir a reducir notablemente la actividad okupa hasta unos niveles razonables, incluso con unas leyes, como las actuales que dificultan notablemente el trabajo policial, dando con ello alas al movimiento okupa.
Así, con motivo de la Copa de América y de la puesta en funcionamiento del Circuito Urbano de Fórmula I, en Valencia, mediante una acción coordinada de los servicios municipales y de la Policía Nacional y Local, se ha procedido al bloqueo de los posibles accesos de edificios deshabitados susceptibles de ser okupados , mediante tapiado de los mismos, para dificultar las okupaciones, así como a una labor sistemática de identificación y control de okupas por parte de la Policía, logrando con ello reducir a un puro carácter testimonial los edificios okupados por integrantes o simpatizantes del movimiento okupa desactivado y arrrinconado en el mundo virtual de Internet; aun cuando aún persistan okupaciones, realizadas principalmente por inmigrantes e indigentes.
Una tercera noticia procedente también de Valencia, pone igualmente de manifiesto que cuando nuestros jueces quieren, pueden realizar desalojos de ocupantes ilegales de inmuebles en periodos de tiempo razonables, sin que por ello se vean reducidas las garantías legales de los okupas; aunque en este caso de es posible que el juez de turno haya necesitado algún empujoncito de la Administración interesada en el desalojo, para acordar dicha medida en tan breve tiempo . En este caso, la Consejería de Cultura de la Generalitad Valenciana, quien había denunciado un mes antes la okupación ilegal de unas casas que previamente habían sido objeto de expropiación para la ampliación del Instituto Valenciano de Arte Moderno ( IVAM ) .
Sin embargo, y al igual que ocurre en la primera noticia a que se alude en esta entrada, una vez solucionado el problema de la Consejería de Cultura, el mismo, como suele ser costumbre, ha sido despejado al tejado del ciudadano de a pié, al ser puestos en libertad, sin control ni medida paliativa alguna, la inmensa mayoría de los 102 okupas desalojados, según puede verse aquí.; por lo que es presumible con alto grado de probabilidad que vuelvan a las andadas "reokupando"· algún otro inmueble deshabitado .
Las anteriores noticias demuestran que cuando las administraciones o los jueces quieren, es posible limitar, en gran medida, los efectos de la marabunta okupa, incluso con las insuficientes e inadecuadas leyes actuales , cuya persistencia solo se explica por una falta real de interés de nuestros políticos y jueces, para su erradicación o contención .
Las preguntas que surgen espontáneamente tras una breve reflexión, son :
¿ Porque se mantiene esta situación de prevalencia de los intereses okupas sobre los de las víctimas ?
¿ A quien y por que interesa que este estado de cosas siga siendo así ?
¿ Porqué solo se actúa diligente y eficazmente en casos muy concretos y no en la generalidad de los mismos ?
Personalmente tengo mi propias hipótesis de respuesta a tales preguntas.
Tal vez, cuando confirme algunos detalles de las mismas, me decida a exponerlas detalladamente .
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